El día después de la sanción que Estados Unidos le impuso a Cristina Kirchner y le impide a la ex presidenta y a sus hijos entrar a ese país, desde el Gobierno de Javier Milei indicaron que es una «buena oportunidad» para que se abra una investigación sobre el caso que se inició con la nacionalización de YPF, que derivó en un litigio de fondos buitre y continuó con una condena por la que Argentina debe pagar 16.000 millones de dólares.
«Si inicia esta investigación, yo creo que debería caerse esta sentencia contra la Argentina, afirmó Guillermo Francos.
Fue el jefe de Gabinete quien, al referirse a la sanción contra Cristina por corrupción que oficializó el Gobierno de Donald Trump, destacó que «ojalá sirva» para que haya instrucciones a la Secretaría de Justicia de Estados Unidos. En concreto pidió que la Justicia de Estados Unidos «haga una investigación sobre todo el tema YPF, que fue uno de los hechos de corrupción más grandes de la Argentina».
El jefe de los ministros destacó que ese fallo «hoy le cuesta al país una condena de 16 mil millones de dólares. Argentina está condenada por la justicia civil a pagar eso».
Al justificar esa posición, Francos señaló en una entrevista con radio Mitre que el proceso de estatización de la empresa «está embebido en un hecho de corrupción gravísimo que tiene ese costo para Argentina», y repitió que «es un tema que tiene aristas escandalosas».
En diálogo con Clarín, el jefe de Gabinete afirmó que «tal vez sería un buen momento para que el Departamento de Justicia estadounidense investigue si se ha utilizado a la justicia de ese país para concretar un fraude contra la Argentina por parte del fondo buitre Burford y el Grupo Petersen por el escándalo que significó primero la presión para que Repsol vendiera parte de sus acciones en YPF y luego su expropiación».
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Guillermo Francos sugirió que la sanción de Estados Unidos a Cristina Kirchner podría anular la condena de 16 mil millones por YPF
Francos explicó su sugerencia de que es una «buena oportunidad» para abrir una investigación
«Un fondo buitre de esos que compra derechos a accionar judicialmente, compró los derechos de (el grupo) Petersen a litigar por la expropiación de acciones que hizo. El fondo Burford inició una acción en Estados Unidos que terminó en la condena a la Argentina por 16 mil millones de dólares», precisó Francos en la entrevista con radio Mitre.
Así, el jefe de Gabinete habló sobre el desenlace del caso. Pero rápidamente apuntó a las raíces, que se remontan a 2007.
«El inicio es que Néstor Kirchner le exigió a la empresa Repsol, titular de las acciones, que le ceda a una empresa argentina el 25% de las acciones, que fue la empresa Petersen (en 2007), y pagar el costo de ese 25% con el producido de los beneficios. ¿Qué iba a pasar? Le iba a permitir al Estado o a YPF cobrar los dividendos que tenía retenidos», expresó Francos en la nota radial.
«Esto se termina de consolidar en un juzgado civil de Nueva York, configurando una estafa dentro de la justicia americana. Cuando se sentencia en favor de este fondo buitre, convalida sin quererlo una estafa que tuvo su origen cuando se le exigió a Repsol que ceda una parte de las acciones de YPF», destacó el funcionario nacional.
Y fue en ese sentido que el jefe de Gabinete insistió: «Si el Departamento de Justicia inicia una investigación sobre cómo se usa la justicia de Estados Unidos para blanquear un delito, yo creo que debería caerse esta sentencia contra la Argentina».
Hace un par de semanas, la justicia estadounidense rechazó el pedido de una ONG local para revocar el fallo por la nacionalización de YPF, que obliga a pagar US$16.100 millones a los fondos Burford y Eton Park por el modo en que fue estatizada la petrolera en 2008.
En diálogo con Clarín, desde Jefatura de Gabinete dieron detalles sobre los dichos de Francos. Reiteraron que la sanción a Cristina Kirchner es «una buena oportunidad para que» el gobierno de Estados Unidos «instruya a su Departamento de Justicia a iniciar una investigación sobre la utilización de la Justicia de ese país para convalidar un fraude del fondo Burford y el grupo Petersen contra la Argentina».
Y tras afirmar que la sentencia está apelada, añadieron: «Cierto que aún está pendiente la sentencia definitiva, pero este es un escándalo cuya trama fraudulenta debería ser investigada porque el fraude, urdido previo al inicio del juicio, finalmente se concretaría con la sentencia apelada que se menciona».
Fue el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien indicó en un comunicado que la medida emprendida por la administración Trump hace que tanto Cristina Kirchner como Julio de Vido, como sus familiares inmediatos, sean inelegibles para entrar en Estados Unidos.
Marco Rubio junto a Donald Trump.«Cristina Kirchner y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, lo que ha socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina», indica el comunicado.
Ese mismo comunicado señala que «Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público en beneficio propio. Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de luchar contra la corrupción mundial, incluso en los más altos niveles de gobierno».
El secretario Rubio ya había apuntado varias veces a Cristina Kirchner desde su puesto del Senado, junto con otros congresistas republicanos, entre ellos el senador Ted Cruz y la representante María Elvira Salazar, que habían pedido varias veces sanciones contra la ex presidenta.
Hace dos años varios senadores habían enviado una carta al presidente Joe Biden en la que le pedían formalmente “que tome medidas inmediatas para responsabilizar» a Cristina y a sus familiares «por actos de corrupción significativa”.
