Las negociaciones se han intensificado en las últimas horas para tratar de frenar la huelga convocada para el lunes en Renfe y Adif contra el traspaso de Rodalies. Y lo han hecho con cambios sustanciales respecto al tipo de traspaso acordado. Sobre la mesa, el Ministerio de Transportes ha puesto un blindaje de las garantías para los trabajadores de Renfe y Adif que ahuyenten todas las incertidumbres que rodean la transferencia de Rodalies a la Generalitat de Catalunya.
Aportarle esas garantías al personal para evitar las siete jornadas de huelga convocadas supone una rebaja sustancial del traspaso tal y como se había planteado cuando lo firmaron el Gobierno y ERC hace dos años y reafirmado por el PSC hasta ahora. Hace solo un mes se afirmaba en la comisión bilateral de infraestructuras que el capital social de la nueva empresa mixta que debe asumir la gestión de Rodalies sería de la Generalitat en el 51% y del Gobierno en el 49%.
Ahora, en cambio, el equipo de Óscar Puente plantea a los sindicatos que la nueva sociedad mercantil Rodalies Catalunya SA “se ubicará dentro del grupo Renfe a todos los efectos”, como si fuese una filial. Fuentes del sector explican que esto solo sería posible si a Renfe se le diese más peso en la empresa mixta frente a la Generalitat y entonces la actual operadora tuviese el control efectivo de la nueva compañía.
Renfe ocupará los asientos de Rodalies de Catalunya que iban a ser del Gobierno
La apuesta del Ministerio por reforzar el papel de la operadora para aplacar los ánimos de los trabajadores queda reforzada en otro cambio puesto sobre la mesa. Se deja de hablar de un consejo de administración compartido por la Generalitat y el Gobierno y el Ejecutivo central pasaría a delegar su parte en manos de la empresa pública Renfe Viajeros. De este modo, se promete blindar “el respeto y garantía de los derechos laborales en aplicación del convenio colectivo del grupo Renfe”, según el documento puesto encima de la mesa por parte de los máximos responsables del Ministerio con el visto bueno de la Generalitat y la propia operadora. En las filas de ERC y Junts ya hay quien lamenta que para este viaje no hacían falta alforjas.
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En el documento, para tratar de contentar a todas las partes, se apresuran a aclarar que en el borrador de los estatutos de la empresa mixta –que llevan varios meses de retraso respecto al calendario prometido– se establecerá el domicilio social de la nueva empresa en Catalunya con un consejo de administración formado por nueve miembros: cuatro a propuesta de Renfe y otros cuatro de la Generalitat, más un presidente con voto de calidad escogido por la administración catalana.
La infraestructura de la R1 seguirá en manos de Adif pese al traspaso de la titularidad de vías y estaciones
A su vez, si los avances en el traspaso de la infraestructura de la línea del Maresme (R1) son los que han soliviantado a los trabajadores, también están siendo los primeros en los que el Ministerio de Transportes apuesta por pisar el freno para dar respuesta a los sindicatos. En la nueva propuesta, el tramo de vías y estaciones entre la salida de la Sagrera y Maçanet-Massanes pasaría a ser titularidad de la Generalitat tal y como se había dicho pero “continuando con la administración integral de la misma por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)”.
El propio Govern reconoció hace unas semanas que la empresa pública Ifercat no tenía ni personal ni recursos para hacerse cargo del mantenimiento de las vías en el primer tramo traspasado y que su intención era firmar, tras el traspaso, un convenio de cesión a Adif para que la misma empresa que lo ha hecho durante los últimos años siguiese haciéndose cargo. El cambio que plantea el Ministerio es perpetuar esa situación, de manera que la infraestructura siga en manos de Adif y los trabajadores se mantengan así en la misma empresa y con las mismas condiciones laborales que hasta ahora.
