En Casa Rosada aseguran que con un Congreso más favorable a partir de diciembre podrán avanzar sin riesgos. Las iniciativas incluyen también cambios al Código Penal y al Código Civil y Comercial.
El Gobierno de Javier Milei definió posponer el tratamiento de las reformas estructurales más ambiciosas —como la reforma laboral y la reforma impositiva— hasta después de las elecciones legislativas de octubre.
El objetivo es esperar una renovación del Congreso que le sea más favorable para la discusión parlamentaria.
“A partir del 11 de diciembre nuestra posición va a ser distinta”, reconocen en la Casa Rosada, donde dan por descontado que La Libertad Avanza sumará bancas tanto en Diputados como en el Senado.
La decisión fue tomada tras el revés en el Senado con el proyecto de movilidad jubilatoria y la pérdida de facultades delegadas a principios de julio.
El plan del oficialismo
Mientras tanto, el Ejecutivo avanza en la redacción técnica de las reformas. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, lidera el armado del paquete laboral. El objetivo es tener todo listo para cuando el escenario legislativo sea más favorable.
Uno de los espacios clave para el debate será el Consejo de Mayo, relanzado a fines de junio. Aunque las reuniones tienen agenda abierta, el foco estará puesto en modernizar el régimen laboral y simplificar regulaciones impositivas.
También planean reformar el Código Penal y Civil
Además de los cambios económicos, el Gobierno prepara reformas profundas del Código Penal y del Código Civil y Comercial. En el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, ya circula un borrador elaborado por la Comisión de Reforma, que integran juristas como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti.
El texto incluye penas más severas para delitos como incendios intencionales, ciberdelitos, corrupción y venta de niños, además de nuevas figuras legales como los fraudes mediante inteligencia artificial o la llamada “pornovenganza”.
En paralelo, el oficialismo apunta a desregular los contratos entre privados en el Código Civil y Comercial, reducir la intervención estatal y fomentar la resolución de conflictos vía mediación o arbitraje.
