El presidente Javier Milei planea ejecutar una serie de reformas clave antes del 8 de julio, fecha en la que caducan las facultades especiales otorgadas por la Ley Bases. Tras finalizar su extensa gira por el exterior, el mandatario regresará al país con la intención de rubricar al menos trece decretos que ya se encuentran redactados y que contemplan el cierre, la reestructuración o la fusión de diversos organismos públicos.
El paquete de medidas responde a la intención del Poder Ejecutivo de profundizar el achicamiento del Estado y se concentrará en áreas sensibles como salud, tecnología y agroindustria. Entre las dependencias más comprometidas se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Instituto Nacional del Cáncer.
En el caso del INTA, la iniciativa contempla desde la reestructuración de su funcionamiento interno hasta eventuales despidos y ventas de inmuebles. En tanto, la situación del Instituto Nacional del Cáncer aún no está resuelta, pese a que su desregulación fue anunciada tiempo atrás. Las reformas también impactarán sobre áreas que dependen directamente de los ministerios de Salud, Capital Humano y Economía.
El tiempo juega un rol clave: la Casa Rosada dispone de menos de cuatro semanas para poner en marcha estos cambios antes de que caduquen las facultades delegadas. La urgencia responde a la necesidad de eludir los procesos legislativos que podrían trabar los decretos una vez vencido el plazo. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo admiten que cada resolución debe atravesar un complejo proceso de revisión legal, lo que podría demorar su entrada en vigencia.
El Gobierno también evalúa la posibilidad de posponer ciertos anuncios debido al próximo feriado nacional y a eventos judiciales que podrían afectar la agenda política. En paralelo, se mantendrán vigentes políticas de austeridad como el congelamiento de salarios para altos funcionarios, que rige desde diciembre de 2023, y la falta de actualización de honorarios para trabajadores monotributistas.
Por otro lado, aún persisten dudas sobre el futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que podría ver limitada su capacidad de acción una vez que Milei pierda las herramientas legales para implementar reformas sin pasar por el Congreso.
