El Gobierno nacional, a través de funcionarios de la Secretaría de Desregulación, confirmó que se encuentra trabajando en el envío al Congreso de una «Ley Bases II», un nuevo y ambicioso paquete de medidas destinado a impulsar las reformas estructurales que, según el oficialismo, el país necesita para allanar el camino de las inversiones.
El anuncio fue realizado por Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y número dos de Federico Sturzenegger, durante su asistencia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Cacace adelantó que el proyecto buscará reincorporar gran parte de los puntos que quedaron excluidos de la primera Ley Bases (cuyo texto original contaba con 664 artículos y se redujo a 238 para su aprobación) y sumar las reformas que se desprenden del Pacto de Mayo, acuerdo que el Gobierno suscribió con 18 gobernadores.
El paquete legislativo se enviaría al Congreso el próximo 15 de diciembre, una vez que se concrete el recambio legislativo resultante de las recientes elecciones.
Ejes de la nueva mega-ley
Entre los puntos clave que conformarán esta segunda «Ley Bases», se destacan:
- Reforma Laboral Moderna: Una de las grandes prioridades del Ejecutivo.
- Reforma Previsional: Un cambio significativo en el sistema jubilatorio.
- Reforma Tributaria y Rediscusión de la Coparticipación: Aspectos fundamentales para el equilibrio fiscal.
- Explotación de los Recursos Naturales: Normas para fomentar la inversión en el sector.
- Nueva «Ley Hojarasca»: Destinada a derogar normativas consideradas obsoletas.
A estos se suman otros ejes del decálogo fundacional del Pacto de Mayo, como la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público hasta alcanzar el 25% del PBI, y una educación inicial, primaria y secundaria moderna.
Recortes y Falta de Cumplimiento
En paralelo al anuncio de la Ley Bases II, otros funcionarios, como el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, destacaron el intenso proceso de recorte del gasto público. Fariña detalló la eliminación de más de 400 áreas del Estado y el despido de 54.000 trabajadores públicos, lo que generó un ahorro de 18.000 millones.
No obstante, la movida legislativa se da en un contexto de fuerte tensión con la oposición y el sistema institucional. El Gobierno fue cuestionado por el incumplimiento de leyes sancionadas por el Congreso, como la de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Discapacidad y la Emergencia en Pediatría, vetadas por el Ejecutivo e insistidas por ambas cámaras.
El éxito de la nueva iniciativa dependerá, una vez más, de la capacidad de negociación del oficialismo, que deberá buscar acuerdos con los gobernadores y los bloques dialoguistas, ya que aún no cuenta con la mayoría propia necesaria para garantizar la aprobación de este ambicioso y controvertido plan de reformas.
