
En el marco de la famosa «motosierra profunda», el Gobierno nacional, a través del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene preparada una batería de medidas a tiro del decreto presidencial para seguir con el achicamiento de Estado Nacional, con diferentes reformas normativas y la desburocratización de procesos.
Dentro de ese panorama aparece como inminente una medida que podría transformar profundamente el sector marítimo del país: el Gobierno busca derogar la Ley de Cabotaje, lo que habilitaría el ingreso de buques extranjeros a los mares y ríos argentinos, eliminando la exclusividad que hasta ahora tenía la Marina Mercante nacional.
Además, la normativa autorizará la contratación de tripulaciones de cualquier nacionalidad, siempre que cumplan con los estándares internacionales de habilitación.
Según interpretan desde Balcarce 50, la decisión busca dinamizar el comercio marítimo y reducir las barreras burocráticas que afectan al sector.
La medida fue coordinada por la cartera de Sturzenegger y el titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor, y permitirá que los armadores puedan registrar sus buques bajo bandera extranjera sin que esto sea considerado una exportación.
Este cambio podría facilitar la operativa de las empresas marítimas, pero también podría tener implicaciones en términos de control y regulación por parte del Estado, así como de empleos.
Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que la implementación de este plan podría significar la pérdida de al menos 3.000 empleos actuales, así como la reducción de la presencia argentina en ríos y mares.
En un comunicado oficial, el Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) “repudia enérgicamente la intención del gobierno nacional de derogar, de manera encubierta, la Ley de Cabotaje”.
Según el texto, esta medida, “contenida en la última versión del proyecto de desregulación del transporte marítimo, solo representa una amenaza a nuestra soberanía nacional y un riesgo para miles de puestos de trabajo”.
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