El Gobierno presentará este martes la reforma laboral con la que aspira a dinamizar el mercado de trabajo en el marco de la difusión de las conclusiones del Consejo que Mayo que, a mediados de este año, comenzó a funcionar -tras una larga postergación- como una suerte de órgano tripartito.
El acto se llevará a cabo este martes, desde las 13.30, en la Casa Rosada. Uno de los funcionarios que trabajó en la denominada ley de «modernización laboral» remarcó que durante el encuentro se presentará «el documento del Pacto de Mayo con un anexo de los proyectos» y luego el Ejecutivo ingresará formalmente al Congreso la mencionada iniciativa. En este sentido, se estima que en las sesiones extraordinarias, que se realizarán entre el 10 y el 30 de diciembre en esta primera etapa, se tratará la misma junto al Presupuesto 2026.
En principio, los anuncios de este 9 de diciembre los encabezará el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y estaría acompañado por otros funcionarios, como el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En el oficialismo pretenden dar una fuerte señal al mercado con el debate de esta reforma con la que aspira a bajar los costos laborales y, además, reducir las cargas patronales para que haya más empleo formal. Los cambios normativos, de hecho, tienen un claro sesgo anti-sindical al reducir la base de cálculo de las indemnizaciones -no se incluyen las vacaciones o el aguinaldo-, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, la eliminación de la ultractividad que pondría fin a la continuidad de los convenios colectivos más allá de su vencimiento y la preeminencia de las negociaciones convencionales por empresa por sobre las de actividad.
La CGT, de hecho, viene manteniendo reuniones con distintos sectores para poder dar volumen a un eventual rechazo parlamentario de una iniciativa que, presumía, podía incluir cambios radicales que, entre cosas, podrían asfixiar las arcas sindicales. El miércoles pasado la mesa chica de la central obrera se había reunido con los cinco gobernadores de Provincias Unidas.
Es que los jefes sindicales no desconocen la necesidad de modernizar la legislación laboral pero objetan la eliminación de la ultraactivdad, el cambio en el régimen de despidos y la desfinanciación de las obras sociales. Sí apoyarían aquellas modificaciones que hacen a los trabajadores en forma individual (como fraccionar las vacaciones o pactar sueldos en moneda extranjera).
Como sea, el mentado proyecto ingresará por el Senado esta semana y comenzaría a discutirse en el ámbito de comisión de Trabajo. La semana pasada los senadores habían recibido un borrador de la iniciativa, que contenía enmiendas no previstas como el Fondo de Asistencia Laboral.
Se trata de un nuevo sistema obligatorio para financiar las indemnizaciones por despidos, llamado FAL, que se conformará con una contribución obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al SIPA (Sistema integrado previsional argentino). Pero ese dinero luego será descontado de la contribución empresaria al sistema previsional, lo que redundaría en un financiamiento indirecto del Estado para el pago de las indemnizaciones.
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