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El Gobierno presentó el proyecto para eliminar el pago de salarios a sindicalistas con licencia gremial

Movilización docente

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, formalizó el envío a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que busca modificar el régimen de licencias gremiales en la administración pública provincial, estableciendo que los dirigentes sindicales que ocupen cargos representativos no perciban salarios del Estado durante el tiempo en que ejerzan funciones gremiales.

La iniciativa había sido anticipada por el mandatario durante su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias, en un anuncio que generó una fuerte reacción de sectores sindicales.

El proyecto propone modificar el artículo 48 de la Ley 645-A y el inciso d del artículo 318 de la Ley 647-E, que actualmente contemplan licencias gremiales con goce de haberes para empleados públicos y docentes que ocupan cargos sindicales.

El argumento del Gobierno: autonomía sindical y gasto público

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo provincial sostiene que no corresponde que el Estado financie los salarios de dirigentes sindicales mientras se desempeñan en tareas gremiales. 

Según el texto enviado a la Legislatura, «no corresponde a la Administración Pública Provincial solventar los salarios de la dirigencia sindical, dado que ello no se ajusta a lo normado por nuestro sistema constitucional y convencional». 

El documento también señala que la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales N° 23.551 establece principios de autonomía de las organizaciones gremiales y prohíbe que los empleadores financien a los sindicatos. En ese sentido, el proyecto advierte que «las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de los empleadores» y que constituye una práctica antisindical «subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores».

Por esa razón, el Ejecutivo sostiene que debe ser la propia organización sindical la que afronte la remuneración de los dirigentes electos mientras dure su licencia gremial. «Es lógico que así sea, ya que, si se pone tal obligación en cabeza del empleador, existiría una subvención de la patronal al sindicato, lo cual se encuentra prohibido», plantea .

Cómo funcionaría el nuevo régimen

La iniciativa establece que los dirigentes sindicales podrán seguir solicitando licencia gremial, pero sin goce de haberes, mientras duren sus mandatos. El esquema prevé un número de cargos con licencia según la cantidad de afiliados de cada organización.

En el caso de la administración pública, se establece un cupo de cinco cargos por gremio, con la posibilidad de sumar uno más cada mil afiliados o fracción mayor a quinientos, según el padrón certificado. Para el sector docente, la norma fija un sistema escalonado según la cantidad de afiliados, con un máximo de cinco cargos por entidad gremial.

En todos los casos, el tiempo de licencia será válido para el cómputo de antigüedad y efectos jubilatorios, aunque sin percepción salarial por parte del Estado.

Qué pasará con los dirigentes que ya tienen licencia

El proyecto incluye una cláusula transitoria para evitar afectar situaciones vigentes. Según el texto, los dirigentes que actualmente estén gozando de licencia gremial con goce de haberes mantendrán ese beneficio hasta el final de su mandato. Sin embargo, si las organizaciones sindicales prorrogan o renuevan autoridades, las nuevas licencias se otorgarán sin goce de haberes.

Desde el Ejecutivo provincial argumentan que la reforma permitirá reducir el gasto público y ordenar el régimen laboral del Estado. En los fundamentos del proyecto se afirma que la iniciativa «implica una disminución del gasto público, pudiendo esos fondos ser destinados a todos los chaqueños», además de «reducir conflictividad, consolidar derechos constitucionales y aportar previsibilidad jurídica» en las relaciones laborales del sector público.

El debate promete una fuerte discusión política y sindical en la Legislatura, ya que el anuncio de la medida ya provocó duros cuestionamientos de gremios estatales y docentes, que interpretan el proyecto como un intento de limitar la actividad sindical.

Redacción

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