En las últimas décadas, Argentina ha experimentado un alarmante aumento en las cifras de suicidio juvenil. Los datos más recientes revelan un número creciente de casos desde la preadolescencia hasta la juventud. El informe de la Universidad Austral describe un panorama desolador, con el suicidio como primera causa de muerte en adolescentes mujeres. En tanto el Estado responde con recortes presupuestarios. Una crónica sobre el malestar que recorre las aulas, los barrios y las viviendas de quienes crecen sin redes ni futuro.
La estadística golpea con la fuerza de lo irreversible: en 2023, 148 adolescentes mujeres de entre 10 y 19 años murieron por suicidio en Argentina. Por primera vez, esta causa superó a los tumores y los accidentes, que históricamente encabezaban las estadísticas. Cada uno de estos números es el epílogo de una crisis que se gesta en silencio, en las habitaciones de adolescentes que crecen en un país que les ofrece más incertidumbre que proyectos.
La Organización Mundial de la Salud ya había encendido una alerta roja a nivel global: uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental. La depresión y la ansiedad son las principales causas de malestar en esta población. En Argentina, esta realidad no es una excepción, sino que se agudiza en un contexto de ajuste y desmantelamiento de las políticas públicas.
El rostro de una epidemia silenciosa
Detrás de las cifras hay distintas historias: la de las adolescentes que sienten que su cuerpo nunca se ajustará a los estándares irreales que bombardean sus redes sociales -una de cada cinco manifiesta preocupación por su imagen corporal-. El del joven que, a falta de acompañamiento, encuentra en las pantallas un refugio vacío: ocho de cada diez adolescentes conocen a alguien que ha ingresado a páginas de apuestas online, y el 37% lo hace con frecuencia alarmante. El 40% nunca habló del tema en su casa.
“El suicidio es la tercera causa de defunción en las personas de 15 a 29 años”, alerta la OMS. Pero en Argentina, para las mujeres de 10 a 19 años, ya es la primera. Y entre los varones de la misma edad, la segunda, solo después de los accidentes. Cuando cumplen 20 años, la cifra se triplica, mostrando una tendencia creciente que evidencia una crisis emocional profunda.
La escuela: deserción y desencanto
El sistema educativo, en muchos casos, se ha convertido en un espacio de presión y desmotivación. El 28% de los adolescentes que abandonan la escolaridad alegan desinterés o falta de sentido en la propuesta educativa. Solo el 12% lo hace por motivos económicos.
La OMS es clara al señalar que los problemas de salud mental no tratados en la adolescencia “se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y limitan sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro”. El abandono escolar temprano es solo la primera estación de un tren que conduce a la exclusión laboral y social.
La soledad como paisaje habitual
“A pesar de estar conectadas digitalmente, las Generaciones Z y Alfa se enfrentan a una epidemia de soledad”, señalan los especialistas. Esta paradoja define la época: hiperconectados y a la vez profundamente solos. La falta de acompañamiento real, de espacios de escucha activa y de redes comunitarias sólidas deja a los jóvenes a merced de sus propios fantasmas. Los factores son múltiples: la presión social, la exploración de la propia identidad en un mundo lleno de mandatos contradictorios y la influencia de los medios de comunicación que “pueden acentuar la disparidad entre la realidad que viven los adolescentes y sus percepciones o aspiraciones de futuro”.
El Estado: entre el ajuste y la expulsión
Frente a este panorama, la respuesta estatal es el descarte. A nivel global, el gasto público en salud mental “sigue siendo apenas el 2% del presupuesto total en salud, un porcentaje que no ha variado desde 2017”. Es importante destacar que, desde su sanción en el 2010, la Ley de Salud Mental se ha incumplido todos estos años. No solamente porque nunca se alcanzó el 10% de presupuesto para el área, sino también porque no han incorporado los suficientes profesionales psicólogos y psiquiatras a las guardias de los hospitales, como tampoco se han generado espacios de internación en hospitales polivalentes, por motivos de salud mental, y no se han establecido dispositivos que permitan a los usuarios la continuidad de sus tratamientos en la comunidad, como centros de día y casas de medio camino. Esta falta de inversión se traduce en la casi nula capacidad de detección temprana y tratamiento accesible.
Como si esto no alcanzara, para dar cuenta de la importancia que para los gobiernos de estos años tienen las altas tasas de suicidio, en Campana el concejal de Juntos por el Cambio, Ernesto Meiraldi, durante el 2020, planteó la posibilidad de que se coloquen “alambrados en los puentes”. Apoyándose en que “estas situaciones” (en alusión a los suicidios) acarrean inconvenientes y caos en el tránsito.
El gobierno de Javier Milei lanza un nuevo ataque contra la asistencia pública en salud mental, que se suma al ataque al Hospital Bonaparte, entre otros. El proyecto de presupuesto para 2026 prevé una reducción del 91,5% respecto a los ya exiguos fondos de este año. Este recorte planificado no es un simple ajuste, sino un desmantelamiento deliberado de las políticas públicas que garantizan abordajes con perspectiva de derechos y desinstitucionalización. Lejos de ser un «inexorable» técnico, es una decisión política que condena a la marginalidad a un sector ya históricamente vulnerado, profundizando la crisis sanitaria y el abandono estatal.
Este vaciamiento significa el desguace de acciones fundamentales, desde la capacitación de equipos hasta el fortalecimiento de casas de medio camino, el abordaje de consumos problemáticos y la atención a víctimas de trata. Paralelamente, el Ejecutivo vuelve a atacar abiertamente la Ley 26.657, que exige destinar el 10% del gasto en salud a este rubro, proyectando para el año próximo una inversión irrisoria de solo 1,42%. Frente a este escenario, es claro que el ajuste recae sobre los programas comunitarios que previenen el encierro y promueven la inclusión, desconociendo todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La lucha por revertir este recorte es, en definitiva, una defensa urgente del derecho a una salud mental digna y no manicomial.
Mientras tanto, las corporaciones aprovechan el vacío. Las plataformas de apuestas online capturan la atención y los magros recursos de los jóvenes, las redes sociales mercantilizan su autoestima, y un sistema de salud fragmentado les cierra las puertas cuando buscan ayuda.
