Sospechosa prohibición aérea: ¿censura encubierta?
Los documentos advierten que se aplicarán «medidas de seguridad con sistemas antidrones» y sanciones para quienes incumplan la normativa.
En una medida que genera más preguntas que respuestas, el Gobierno prohibió el uso de drones sobre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. La decisión, que fue solicitada por la Policía Federal y el Comando Aeroespacial, estará vigente hasta el 9 de junio, restringiendo el sobrevuelo en un radio de casi un kilómetro en ambas zonas. La noticia cobra especial relevancia luego de la brutal represión en el Congreso, donde el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó la prohibición a través de dos NOTAM —avisos que regulan el espacio aéreo— que entraron en vigor el 11 de marzo. No obstante, lo llamativo es que la medida recién se hizo pública dos días después del feroz operativo policial en los alrededores del Congreso, lo que dispara suspicacias sobre sus verdaderos motivos.
Según los documentos oficiales, la restricción se impuso por «razones de seguridad» y abarca un radio de 926 metros desde el centro de cada punto, con un alcance de hasta 600 metros de altura. Como si esto fuera poco, se anunciaron “medidas antidrones” y sanciones para quienes no acaten la normativa.
Zonas de exclusión: ¿protección o control de la información?
Las áreas vedadas incluyen: • Casa Rosada: coordenadas 34°36’29» S / 058°22’15» W. • Quinta de Olivos: coordenadas 34°30’54» S / 058°28’46» W. • Radio de prohibición: 0,5 millas náuticas (926 metros), hasta los 2000 pies de altura (600 metros). • Vigencia: del 11 de marzo a las 12:00 hasta el 9 de junio a las 21:00. • NOTAM emitidos: C0364/2025 y C0365/2025.
Desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la ANAC ordenó «dar amplia difusión» a la medida, aunque evitó explicar los criterios para permitir eventuales excepciones. La falta de transparencia en la resolución refuerza las sospechas de que la restricción busca impedir registros aéreos incómodos para el oficialismo.
En un contexto donde las imágenes captadas desde el aire han sido fundamentales para exponer abusos y represión, la pregunta queda en el aire: ¿seguridad o censura?
