Casi dos meses después de que Sebastián Pareja, el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia, abandonara su cargo en el Gobierno para asumir su banca de diputado, el Gobierno no nombró a un reemplazante en su puesto. La estratégica subsecretaría de Integración Socio-Urbana que depende de la secretaría de Obras Públicas del ministerio de Economía sigue acéfala y tras el final de la feria judicial la Justicia podría obligar al Ejecutivo a avanzar con más de 500 obras paralizadas.
El organismo que, en los papeles, tiene a su cargo la urbanización de asentamientos y villas de todo el país, donde viven alrededor de 5 millones de personas, sigue sin funcionar. Todos los funcionarios que respondían al armador bonaerense de Karina Milei dieron un paso al costado. La secretaría de Obras sigue a cargo de Luis Giovine, el único cordobés que se mantiene en la gestión desde el inicio de la administración libertaria.
Luis Caputo intentó en 2024 cerrar la dependencia, pero no pudo avanzar porque se lo impide la ley. En febrero de 2025, Javier Milei y su ministro estrella cerraron la secretaría de Vivienda de la cual colgaba la SISU, pero mantuvieron no avanzaron sobre la dependencia de Pareja, que estaba paralizada y sin fondos desde que el Gobierno desfinanció el FISU, aunque un fallo de la Justicia Federal ordenó rehabilitar.
Tras una denuncias del CELS y de la mesa nacional de barrios populares, el juez federal de Pehuajó Héctor Heim ordenó al Gobierno establecer un plan para reiniciar las obras detenidas.
En sus contestaciones en el expediente en el juzgado de Pehuajó, el Gobierno afirma que cumplió acató el fallo porque realizó seis pagos para seis pliegos, pero el universo de obras detenidas alcanza a un universo de 532, según la información que la misma SISU presentó en el expediente.
En su última presentación, el Ejecutivo se comprometió a adelantar un plan de obras para establecer cuáles priorizaría, pero nunca lo presentó.
Dentro del Gobierno, había una interna para establecer quién era el responsable legal, la subsecretaría o el ministerio de Economía. Ese fue el argumento de Pareja para rehusar el pago de $200 mil por día hasta que se presentara el plan de obras.
Durante la gestión de Pareja había malestar por la multa (los astreintes, en la jerga legal) contra Pareja, porque sostenían que él no tenía la potestad de «discernir fondos«. Argumentaban que la responsabilidad política legal debería recaer, antes, en el secretario de Obras o en el ministro de Economía. Caputo hasta el momento no abrió ningún grifo de gasto en materia de obras.
El CELS y la mesa de barrios populares pretenden que el sujeto obligado sea el ministro Caputo. Además, presionan para que el Gobierno restablezca el programa Mi Pieza destinado a 11.265 mujeres de barrios populares de todo el país para mejoras habitacionales.
En el Palacio de Hacienda, donde la semana hubo cambios sensibles en la secretaría de Transporte, no dan señales y evitan contestar si el Gobierno nombrará a un reemplazante de Pareja al frente de la SISU.
En el Gobierno nunca hubo coincidencias sobre el destino del organismo. En febrero de 2024, apenas asumió, Pareja defendió el funcionamiento de la dependencia durante el gobierno anterior, cuando dependía de Fernanda Miño, actual diputada y referente de Juan Grabois. «Si esta no fue la única Secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Estoy viendo que hay más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto ejecutado en más del 80%”, celebraba el máximo referente partidario de LLA en Buenos Aires.
