Este miércoles el Gobierno decidió acelerar los cambios en el sistema de salud con dos nuevas normas que cambian aspectos clave vinculados a los medicamentos y a las prepagas. En el primer caso se trata de una modificación de la disposición que regula la publicidad de los remedios de venta libre. En el segundo, un cambio dejará en evidencia a las prepagas que no cumplan con las prestaciones a los afiliados, a través de un ranking público.
La modificación sobre medicamentos es una resolución de la ANMAT que deroga la disposición 4980/05, que regía hasta ahora en materia de publicidad en vía pública, medios de comunicación e Internet (tanto sobre especialidades medicinales de venta libre como de productos alimenticios, cosméticos y suplementos dietarios, entre otros).
Esa norma era más restrictiva que la nueva. Por ejemplo, había un artículo que decía: “No se podrá promover u organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza o entregar regalos o beneficios de cualquier índole en los que estén involucrados especialidades medicinales de venta libre y/o medicamentos fitoterápicos de venta libre”.
Esos beneficios, explicaron fuentes oficiales, estarían vinculados por ejemplo a que la ANMAT ya no intervendrá “en las promociones tipo 3×2 o la comparativa con otros productos, ya que todo eso quedará bajo la órbita de la Secretaría de Comercio”. En cuanto a la publicidad comparativa, la norma anterior prohibía -a diferencia de la nueva- “inducir a interpretar que el producto anunciado es la única alternativa expresando por ejemplo: ‘El producto’, ‘el de mayor elección’, ‘el único’, ‘el más frecuentemente recomendado’, ‘el mejor’”.
Jimena Worcel, directora médica de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre, consideró en diálogo con Clarín: “Los laboratorios que tienen medicamentos de venta libre pertenecen al sector más autorregulado. Más allá de que exista una normativa que se deba cumplir, a veces se autorregulan más de lo que dice la propia normativa”.
Por otro lado están las farmacias, que hoy no pueden hacer promociones publicitarias de medicamentos de venta libre, algo que a partir de la flexibilización legal podrían evaluar hacer. ¿Puede promover la medicalización este tipo de política? Según Worcel, “con los medicamentos funciona diferente que con los alimentos. La gente en general los compra cuando los necesita. No compra un remedio por el hecho de que exista una promoción”.
La nueva resolución sí explicita que la publicidad de estos productos “no deberá vulnerar los intereses de la salud pública”. E insta a “promover la utilización adecuada, segura y racional, presentando en forma objetiva sus propiedades, características y usos sin engaños o equívocos, brindando información veraz, precisa y clara, de acuerdo a la información aprobada por la autoridad sanitaria”.
El espíritu del cambio, según las fuentes oficiales consultadas, es que “la ANMAT se ciña a los aspectos exclusivamente sanitarios y en controlar que lo que se publicita es efectivamente lo que el producto es, sin engaños ni información falsa, exagerada o ambigua, que induzca a error al consumidor sobre las reales características del producto”.
Más control a las prepagas
La otra medida que este miércoles dio a conocer el Gobierno, en este caso vinculada a las prepagas y obras sociales, es la aprobación del nuevo Procedimiento de Gestión General de Denuncias, Faltas Formales y Sanciones, por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud.
La Superintendencia de Servicios de Salud busca agilizar los controles y sanciones.Fuentes del organismo dijeron que esto significa “sanciones más rápidas y efectivas: ahora obras sociales y prepagas deberán responder los requerimientos de la SSS en un plazo máximo de 5 días corridos. Y tendrán 30 días hábiles para resolver las denuncias desde que se las notifica, en contraste con lo que pasaba antes que podían tardar hasta dos años”.
Las fuentes recordaron que “en mayo de 2024, la Superintendencia reformuló el sistema de sanciones. Las multas pueden llegar a más de 30 millones de pesos. Hasta la llegada de esta gestión, los Agentes de Salud tenían la opción de un pago voluntario de 35 mil pesos antes que cumplir con lo que debían”.
Aseguraron que habrá “más transparencia para los usuarios: las sanciones serán públicas y se creará un ranking institucional, para que cada persona sepa quién cumple y quién no y pueda elegir en función de eso. Este nuevo enfoque cuida a quienes hacen las cosas bien y sanciona a quienes incumplen. Se invierte la carga de la prueba: a obras sociales y prepagas les va a convenir cumplir”.
PS
