A través del Decreto 448/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional extendió la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que continuará al mando del interventor Juan Martín Ozores hasta el 4 de enero del 2026. El organismo se encuentra intervenido desde enero del 2024, casi desde la asunción de Javier Milei en la presidencia.
Según informó el Ejecutivo, durante la intervención del ENACOM, se pudo “avanzar en un diagnóstico detallado del estado institucional, normativo y funcional del organismo”. Y remarcó que, con este diagnóstico, “quedó en evidencia la necesidad de rediseñar su estructura, simplificar sus procedimientos y fortalecer su desempeño como autoridad reguladora”.
Además, aseguró que, todavía, se evidencian “falencias estructurales en la organización, ausencia de objetivos operativos claros, superposición de competencias, discrecionalidad en el manejo de fondos y deficiencias normativas que obstaculizan su gestión eficaz y transparente”. Con estos argumentos, el Gobierno justificó la prórroga de la intervención del ENACOM.
Asimismo, se hizo hincapié en la revisión “en profundidad” de los “procedimientos de concurso de los servicios audiovisuales”. Por último, se remarcó el trabajo en la actualización de la normativa en materia de “licencias, calidad de los servicios, el régimen de relaciones con los usuarios, y las autorizaciones y procedimientos sancionatorios”.
Desregulación del sector
Vale recordar que, en abril del año pasado, el Gobierno nacional derogó el DNU de la gestión de Alberto Fernández que definía a las telecomunicaciones como “servicio público esencial”. Así, los licenciatarios de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), como internet, TV por cable y celulares, empezaron a fijar precios “libremente”.
Esta resolución derogó el Decreto N° 690 del 21 de agosto del 2020 y el artículo 15 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias, y estableció: “Los licenciatarios de servicios TIC fijarán sus precios, que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
