El día transcurre con calma en Ciudad de Guatemala y nada parece indicar que, apenas 48 horas antes, la pandilla Barrio 18 asesinó a 10 policías en distintos puntos del país, lo que llevó al presidente Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio. En la calle principal de la capitalina colonia Alameda, un retén policial detiene a dos jóvenes que circulan en motocicleta sin casco. Los agentes revisan documentos, inspeccionan el vehículo y, tras diez minutos, detectan la infracción: el ruido del escape supera los decibelios permitidos. Hay multa. Los dejan ir. “Sabemos que los pandilleros no van a caer en este retén”, admite el agente que dirige el operativo. “Pero la ley no nos faculta para ir a buscarlos a sus casas. No tenemos permitido hacerlo”.
Entre el sábado y el domingo, la Barrio 18 —designada en septiembre pasado como organización terrorista transnacional por el Departamento de Estado de Estados Unidos— mantuvo bajo su control tres cárceles del país, tomó como rehenes a 46 custodios, asesinó a 10 policías en la capital y forzó al Gobierno a decretar el estado de sitio y a suspender las clases en todo el territorio nacional el lunes, ante el temor de nuevos ataques.
La ofensiva llevó al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, a autorizar la salida del Ejército a patrullar las calles. Sin embargo, la respuesta apenas se percibe en la calle. Dos días después de los atentados, las autoridades reportan la captura de 23 presuntos pandilleros, 17 de ellos supuestamente vinculados de forma directa con los homicidios. La Fiscalía, no obstante, solo ha imputado a uno por delitos menores: portación ilegal de arma de fuego y posesión de drogas.
Los hechos violentos del fin de semana han dejado en evidencia los enormes retos que tiene el Gobierno para combatir la corrupción dentro del sistema penitenciario y de justicia en el país. Las trifulcas comenzaron la mañana del sábado, cuando se reportaron motines en las cárceles de Renovación I, el Preventivo y Fraijanes 2. Al caer la tarde, las autoridades confirmaron que uno de los recintos había sido incendiado y que 46 custodios permanecían retenidos, tras ser desarmados. El domingo por la mañana, durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, sostuvo que los ataques fueron una represalia por el retiro de privilegios a líderes pandilleros en prisión, quienes —según dijo— exigían camas king size, aire acondicionado y el ingreso de comida de restaurantes.
Las pandillas han permeado de corrupción el sistema penitenciario guatemalteco y obtenido privilegios dentro de las cárceles. Un ejemplo salió a la luz en junio de 2024, cuando el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, denunció a 102 custodios de la prisión de máxima seguridad Canadá, conocida como El Infiernito, por permitir durante años el tráfico de armas, alcohol e incluso animales vivos. Pese a la gravedad de los señalamientos, el Gobierno no pudo destituir a los funcionarios por obstáculos legales y solo logró reasignarlos. Jiménez sí fue destituido en octubre tras la fuga de 20 líderes del Barrio 18, una crisis que obligó al Ejecutivo a pedir ayuda a Estados Unidos. Para mediados de enero, solo cinco habían sido detenidos. En audiencia, tres admitieron que pagaron sobornos a custodios para huir sin resistencia. Veinticinco agentes fueron arrestados por su presunta colaboración.
El Gobierno de Bernardo Arévalo parece desbordado por el repunte de la violencia. A finales de diciembre fueron hallados 12 cadáveres en Santa Lucía Los Ocotes, a 15 kilómetros al norte de la capital, en un episodio que las autoridades atribuyeron a un reacomodo entre las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Ese mismo mes, el presidente decretó el estado de prevención en comunidades indígenas del sur del país tras un ataque contra un destacamento militar que dejó al menos cinco muertos y 12 heridos. Arévalo y altos mandos de seguridad han responsabilizado, sin dar detalles, a “mafias político-criminales” que buscarían desestabilizar al Ejecutivo. “Es importante que reconozcamos que nada de esto es casualidad. Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción que crece en las sombras”, dijo el presidente.
La crisis de seguridad coincide con un periodo de alta tensión política. En el primer trimestre del año, Guatemala deberá elegir al nuevo fiscal general y a magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. Ante ese escenario, Arévalo solicitó a finales de 2025 el acompañamiento de la OEA, en un contexto marcado por el enfrentamiento con el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, a quien el presidente acusa de haber intentado impedir su llegada al poder y que figura en la lista de actores corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Lissette Lemus, directora ejecutiva de la Fundación Mirna Mack, afirma que los recientes actos de violencia en las cárceles son un mensaje político dirigido al Ejecutivo. “El primer semestre de 2026 marca un momento decisivo, en el que el crimen organizado impulsa la narrativa de que hay que destituir al presidente. Buscan debilitarlo”, afirma.
El estado de sitio anunciado por Arévalo llegó sin mayores explicaciones y, en la práctica, sin efectos visibles. En la capital, parece que no ha pasado nada. Las calles mantienen su rutina casi intacta. No hay despliegues militares masivos ni redadas generalizadas. Policías apostados frente al Palacio Nacional confirmaron que no existen operativos de gran escala ni búsquedas casa por casa.
Algunas personas compararon en redes sociales la medida con el régimen de excepción de El Salvador, pero la distancia es amplia. Arévalo subrayó que la decisión no afectaría la vida cotidiana ni los derechos ciudadanos. El modelo de Nayib Bukele, en cambio, supuso la suspensión de garantías constitucionales y la detención de más de 90.000 personas —cerca del 2% de la población adulta—, con denuncias documentadas de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia. “Aquí solo podemos capturar a alguien si lo sorprendemos vinculado a una pandilla”, dice un oficial guatemalteco. “Mientras eso no cambie, estamos atados de manos. Lo que nos queda es esperar que no vuelva a pasar”.
