El president Salvador Illa ha manifestado hoy que “la prosperidad por si sola no reduce las desigualdades” pues, aunque los indicadores económicos mejoren, casi el 35% de la población de hasta 16 años de edad, sufren riesgo de pobreza y exclusión social en Catalunya, un porcentaje que se ha mantenido al alza. El Govern ha anunciado que prevé “movilizar 700 millones de euros” durante este 2025 para emprender el plan de acción de la Estratègia de lluita contra la pobresa infantil , una herramienta diseñada en la anterior legislatura y que el actual ejecutivo ha adaptado, según ha dicho la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en un acto que ha reunido a entidades del tercer sector, en la fundación Maria Raventós del barrio de Gràcia de Barcelona.
No obstante, Martínez Bravo apenas ha concretado detalles de la Estratègia, lo que ha contrariado a representantes de diferentes entidades especializadas en la atención de niños y jóvenes vulnerables convocadas ayer. La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINcat) ha apuntado en las redes sociales la urgencia de actuar, considera que la infancia debe ser una prioridad en las políticas públicas y confía en conocer los detalles del plan de acción de la Generalitat.
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Martínez Bravo ha esbozado en el acto celebrado para presentar la Estratègia , uno de sus siete ejes, el referente a las prestaciones. “Necesitamos un sistema de ayudas más fácil y menos burocrático”, ha considerado recordando que el grupo del PSC en el Parlament presentó, el pasado mes de enero, una proposición de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que, entre otras cuestiones, contempla compatibilizar su cobro con las rentas del trabajo. Una medida para incentivar la ocupación y que ningún ciudadano desestime ofertas laborales por miedo a perder dicha prestación.
Uno de los ejes de la Estratègia se basa precisamente en la empleabilidad de las familias con niños a cargo. La consellera ha indicado que con la reforma de la RGC “un 54% más de familias podrán acogerse” a la misma. Otro de los puntos que ha destacado es la necesidad de “desplegar todo el potencial” del Ingreso Mínimo (IMV) con su complemento CAPI de ayuda para la infancia, “al que pueden acceder el 44% de los hogares con menores a cargo” en Catalunya. El CAPI está integrado en el IMV, pero es posible solicitarlo de manera independiente. El umbral de ingresos para optar al mismo está fijado en 3.162 euros al mes para las familias formadas por dos adultos y dos niños, y su cuantía oscila entre los 57,50 y los 115 euros mensuales. “Estamos asentando las bases de la creación de un futuro sistema de garantía de ingresos con estándares al más alto nivel europeo que nos debe permitir dar una solución efectiva a la reducción de las tasas de pobreza infantil”, ha dicho Martínez Bravo.
La redacción de la Estratègia ha contado con la implicación de todos los departamentos de la Generalitat y con un comité asesor integrado por expertos y entidades, además de recabar aportaciones de niños y adolescentes del Servei d’Intervenció Socioeducativa.
La previsión del Govern es aprobar la Estratègia y el plan de acción con vigencia hasta el año 2030 en su reunión del próximo martes día 20. Los otros cinco ejes de actuación, además de los referentes a prestaciones y ocupabilidad mencionados anteriormente, hacen referencia a educación, éxito escolar, ocio y lengua; alimentación saludable; salud; vivienda y pobreza energética, y un último ámbito transversal dedicado a la evaluación y transparencia.
El total de 700 millones de euros anunciados ayer irán a cargo de diferentes departamentos de la Generalitat durante este año, según ha indicado Presidència en un comunicado. La Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut de Drets Socials liderará el seguimiento y la supervisión de las diferentes acciones.
Salvador Illa ha subrayado que las medidas que se implantarán no supondrán “poner parches” sino generar “un cambio estructural”.
