El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este sábado una línea de ayudas por valor de 20 millones de euros para rehabilitar 400 viviendas y edificios en desuso en zonas rurales en los próximos cuatro años.
El plan, que se aprobará en el Consell Executiu del próximo martes, prevé ayudas tanto a entes locales rurales para transformar edificios municipales abandonados en pisos, como para que particulares rehabiliten viviendas, como primera residencia o para alquiler asequible, durante un mínimo de 10 años.
Así lo ha explicado Illa en la inauguración del primer Encuentro de Municipios Rurales, que ha reunido a unos 300 representantes del mundo local y a una amplia representación del Govern de la Generalitat en el Món Sant Benet, en Sant Fruitós del Bages (Barcelona), para explicar novedades del despliegue del Estatuto de Municipios Rurales, que reconoce la singularidad de los 608 municipios rurales de Catalunya.
“Un país que no reconoce su mundo rural está condenado a su fracaso”, ha subrayado Illa, que ha remarcado que el problema del acceso a la vivienda es compartido en todas las zonas de Catalunya y ha manifestado el compromiso en la lucha contra la despoblación rural: “Vivir en un pueblo debe ser una oportunidad, no un obstáculo”.
“Vivir en un pueblo debe ser una oportunidad, no un obstáculo”, ha dicho Illa
Todo lo que emana del Parlament, o de cualquier otra cámara representativa, necesita dos cosas: un reglamento y dinero. Le sucede, por ejemplo, a la ley 8/2015, el estatuto de municipios rurales, aprobado a mediados de julio con el objetivo de proteger la Catalunya rural y frenar, e incluso revertir, el despoblamiento.
En su visita, el president Illa ha estado con los alcaldes y representantes de cerca de 300 municipios de menos de 2.000 habitantes, la materia gris a la que va dirigida este paraguas político. Les ha hecho varias promesas; entre ellas, la de invertir 20 millones de euros en la rehabilitación de viviendas vacías y equipamientos en desuso para que pasen a formar parte de la bolsa de alquiler asequible. Hay otras medidas: ayudas fiscales para el que se instale en estos municipios y apoyo administrativo a los ayuntamientos.
En Catalunya hay 608 pueblos con menos de 2.000 habitantes, de los que 308, considerados “de especial atención,” agrupan a menos de 500 vecinos. La huida a las grandes ciudades, amortiguada por el espejismo de la pandemia, es el pan de cada día para estos parajes, que no pueden competir en muchas cosas con las grandes urbes. Ahí es donde pretende meter mano el nuevo estatuto, que busca, además de repoblarlos, echar una mano a los ayuntamientos para que la carga administrativa sea más llevadera. Cualquier plan urbanístico, la gestión de una licencia, licitar un concurso o realizar una contratación se convierte en un dolor de muelas que en muchos casos termina con la toalla por los suelos. Desisten. Pues bien, el Govern (todo lo que sigue y lo anterior depende de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat) pondrá a disposición de estos consistorios su maquinaria de empresas públicas. A través de Infraestructures.cat, la antigua Gisa, los equipos de gobierno locales podrán licitar proyectos a los que ahora no saben cómo dar salida.
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También tendrán ayuda del Incasòl con la creación de un servicio de asistencia técnica formado por seis personas (arquitectos, ingenieros, técnicos y administrativos) que les ayudarán a tramitar planeamientos urbanísticos y recuperar núcleos antiguos.
Incentivar la emigración hacia la Catalunya rural
En cuanto a la inversión en rehabilitación de viviendas, el govern prevé destinar cinco millones al año hasta el 2029, hasta llegar a los 20 millones. El Departament de Territori aspira a intervenir en 100 viviendas al año que recibirían una media de 50.000 euros por cabeza. a cambio del dinero, los propietarios –públicos o privados– cederán los hogares durante 10 años para que formen parte de la bolsa pública de alquiler.
Para incentivar la emigración hacia la Catalunya rural, la Generalitat aplicará deducciones de hasta el 20% en el IRPF por traslado de residencia, compra, rehabilitación o alquiler de vivienda habitual. También están previstas reducciones del tipo impositivo del impuesto de transmisiones patrimoniales, así como bonificaciones del 75% en actas notariales y expedientes de dominio para facilitar la regulación de fincas rurales. También está previsto, siempre que haya presupuesto del Govern en vigor, incrementar el fondo de cooperación local con cerca de nueve millones extra.
