El Gremi de Restauració pide a Collboni que interceda por los negocios del Moda Shopping

Les contaba este diario el pasado 15 de octubre que entre el Port Olímpic y la torre Mapfre hay un centro comercial que tiene abierto desde el 2020 un insólito pulso con el Estado. Son seis los locales que sobreviven a la intención de Patrimonio de echarles. Ellos piden el derecho preferente a comprar los espacios que ocupan, en algunos casos, desde hace más de 30 años. Pero no, el Gobierno los quiere fuera, y el Ayuntamiento no tiene, por ahora, ninguna intención de intervenir, ya que hay de por medio un proceso judicial abierto que no pinta bien para los intereses de los afectados, que poco a poco van recibiendo sentencias desfavorables que derivan en su desahucio. El Gremi de Restauració ha visitado este lunes esta zona marítima (el centro comercial Moda Shopping) para apoyar la causa. El director de la entidad, Roger Pallarols, ha instado al alcalde Jaume Collboni a implicarse de manera personal: “El Ayuntamiento no puede quedar al margen, esto no es solo un bien patrimonial, es una pieza clave de la fachada litoral de la ciudad, y no tiene sentido desentenderse”.

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El gremio y los dueños de los seis negocios que aún siguen abiertos (dan trabajo a unas 120 personas) han firmado una carta que han remitido al alcalde para que interceda por ellos ante Patrimonio. Con el objetivo, reza la misiva, de “evitar su desahucio e iniciar un proceso de diálogo y negociación para conseguir una solución que sea buena para ambas partes, y también para la ciudad”. Si el Ayuntamiento no mueve ficha, Pallarols lo interpretará como “un desinterés absoluto por Barcelona, los negocios de esta zona y sus decenas de empleados”. Los afectados sospechan que el Estado quiere echarles y subastar el enorme inmueble –hasta el año 2019 estaba gestionado por Mapfre–, “al mejor postor”.

El asunto llegará el miércoles a la comisión municipal de Economía a través de un ruego de Junts, que reclama al gobierno de Collboni “mediar de manera urgente” para poder detener temporalmente las órdenes de expulsión. También piden “una solución que permita dar continuidad a las actividades económicas que se desarrollan en este complejo desde hace más de tres décadas”. A 11 de noviembre, aguantan el tipo los restaurantes Pato Pekín y Barnabier, el Burger King, la Farggi y dos quioscos de un mismo dueño. 

Este diario ya trató en octubre recabar el sentir de Patrimonio del Estado. No hubo respuesta, mientras que el Consistorio dijo lo siguiente: “Ambas partes (Estado y gobierno local) estamos de acuerdo en que los locales cerrados vuelvan a tener actividad lo antes posible, pero hay unos procesos judiciales pendientes de resolución firme, y hasta que no llegue es imposible la implantación de nuevas actividades”.