Este jueves 03/07, un nuevo capítulo se abrió en la lucha por la justicia climática, y fue escrito en América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dado un paso decisivo al declarar que los Estados tienen obligaciones legales concretas para proteger a las personas y comunidades más afectadas por la crisis climática, asegurando el derecho a un ambiente sano. Este dictamen marca un punto de inflexión en el reconocimiento de la relación entre los derechos humanos y el cambio climático.
El fallo histórico: obligaciones legales claras para los Estados
La Corte IDH ha sido la primera en abordar de manera integral y detallada las responsabilidades de los Estados en relación con la emergencia climática. En su Opinión Consultiva 32 (OC 32/2025), ha determinado que los gobiernos deben garantizar la protección de grupos vulnerables, como mujeres, niños, pueblos indígenas, personas mayores y comunidades afrodescendientes, entre otros. Además, los Estados deberán regular de manera más estricta las actividades empresariales que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero.
Un derecho autónomo a un clima sano
Por primera vez, la Corte ha reconocido el derecho autónomo a un clima sano como parte fundamental del derecho a un ambiente sano. Esto implica que los Estados deben tomar medidas para evitar los impactos negativos de las actividades humanas sobre el clima, garantizando la estabilidad ambiental y protegiendo los derechos de las generaciones futuras. Este avance abre la puerta a litigios estratégicos, permitiendo que las comunidades afectadas busquen justicia y exijan acciones más ambiciosas a nivel global.
Un precedente mundial en la lucha por la justicia climática
Este fallo no solo tiene un impacto en América Latina, sino que también influye en el derecho internacional a nivel global. La Opinión Consultiva 32 establece un precedente fundamental para que otros tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Africana de Derechos Humanos, sigan el mismo camino. Además, esta decisión refuerza la necesidad de que los Gobiernos asuman responsabilidades concretas en el marco de la emergencia climática.
Un proceso participativo que fortalece la justicia climática
Lo que hace aún más significativo este fallo es el proceso participativo que lo rodeó. Más de 260 intervenciones escritas y aportes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos reflejan el compromiso global con la justicia climática. La Corte IDH ha dado voz a quienes más sufren los impactos del cambio climático, destacando la importancia del acceso a la justicia para todos.
Fuente: El País.
