En una sala de Tribunales, con los seis jueces de la Cámara Federal sentados detrás de un robusto escritorio de madera y ataviados con trajes azules o grises, tal como marcaba la época, comenzaba hace cuarenta años el Juicio a las Juntas.
Hacía menos de un año y medio que los militares habían entregado el poder al presidente electo, el radical Raúl Alfonsín, vencedor en las elecciones de octubre de 1983. Los nueve integrantes de las tres juntas que habían dirigido al país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976 estaban a punto de ser juzgados por los crímenes ocurridos en el país durante y por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Cuando hicimos historia. Acuerdos y desafíos en torno al Juicio a las Juntas (Siglo XXI), compendia una serie de diálogos entre intelectuales sobre distintos eslabones que giran alrededor de ese acontecimiento histórico, revitalizado en la memoria colectiva a partir del suceso de Argentina 1985, luego de un periodo en donde por diferentes motivos su importancia se había relativizado o hasta ocultado.
Editado por Roberto Gargarella, Agustina Ramón Michel y Lautaro García Alonso, el libro se organiza en seis capítulos que recogen los diálogos entre grupos de pensadores sobre temas que van desde el grado de importancia de Alfonsín en la concreción del Juicio hasta cuánta vigencia tiene el legado del “Nunca Más” al terrorismo de Estado en el contexto de la Argentina actual.
Una agradable rareza del volumen: entre los convocados a pensar estas cuestiones hay a veces acuerdos, en otros diferencias de matices y en otros brechas profundas, y todo queda explicitado, lo que refuerza la atracción de la lectura.
No se trata de una compilación de lugares comunes sobre la época sino de intercambios y debates. Pero hay un consenso fundamental: el Juicio a las Juntas, en función de los crímenes juzgados y la jerarquía de los acusados, fue un acontecimiento histórico. Y positivo, vale aclararlo, dado los tiempos que corren.

La arquitectura judicial
Con prólogo de Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio junto a Julio Strassera, Cuando hicimos historia…permite, por caso, observar el contrapunto entre distintos pensadores sobre la figura de Alfonsín y cuán mayoritaria o no era la demanda por el esclarecimiento de los crímenes cometidos por los militares; en ese sentido, resalta el intercambio entre Martín Farrell, uno de los integrantes del “grupo de filósofos” cercano al presidente radical, y que diseñó la arquitectura legal del Juicio, y la socióloga e investigadora del Conicet Lía Jelin.
También posibilita trazar cómo el primer mandatario evolucionó respecto al tema derechos humanos, al punto que para el economista Pablo Gerchunoff es hacia 1982 cuando aquel se vuelve “un progresista de calado hondo”.
Otra virtud que consolida el libro es conocer de primera mano la confección de los aspectos técnicos y políticos del Juicio. Farrell, por un lado, reconoce en sus intervenciones que no se podía juzgar a todos los responsables del terrorismo de Estado, y que por eso Alfonsín hablaba de niveles distintos de responsabilidad y que los enjuiciados iban a ser las autoridades máximas del país en aquel momento.
Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces de aquella Cámara, y Marcela Rodríguez, que colaboró como una joven estudiante de Abogacía con la Fiscalía, también relatan distintos elementos que explican las características que tenía que tener el Juicio; garantizar la defensa de los acusados (a diferencia de lo que ellos habían hecho ellos con sus víctimas, secuestradas y en miles de casos sentenciadas a muerte de antemano, previas torturas), rapidez en el tratamiento ante las presiones y amenazas de los militares para abortar las sesiones, permitir que las audiencias fuesen orales y con acceso de la prensa (aunque no se autorizó la televisación en directo, lo cual en parte disminuyó el impacto de los testimonios), y juzgar a cada fuerza por separado.

Respecto de las penas otorgadas a los excomandantes, Rodríguez asegura: “Sigo manteniendo la sensación que tuve a los 19 años cuando escuché la sentencia por primera vez: la sensación de que todos deberían haber ido presos, y por más tiempo”.
En el intercambio también queda claro que la posibilidad de absolver a algunos jefes militares, dado que no había pruebas convincentes respecto de los casos seleccionados, era una manera de que el Juicio fuese en cierto modo “tolerable” para los sectores castrenses y sus aliados y que tuviese poco sustento la acusación de que era todo una farsa.
De todos modos, Gil Lavedra, por ejemplo para el caso del brigadier Orlando Ramón Agosti, condenado a cuatro años y seis meses de prisión, reconoce que tendrían “que haber puesto más pena”.
Desapariciones y demonios
El Nunca más, título del informe que hizo la Conadep sobre la desaparición y asesinato de personas bajo la última dictadura militar y las disputas sobre el sentido de esas revelaciones en la sociedad en general y en la política en particular son el elemento central de las intervenciones de los sociólogos Emilio Crenzel y Catalina Smulovitz, del doctor en Derecho Martín Böhmer y de la politóloga Claudia Hilb.
Los debates sobre si en aquella investigación se fomentaba la “teoría de los dos demonios” aparecen en ese capítulo, y también se diseccionan las implicancias del nuevo prólogo al libro que ordenó el gobierno nacional en 2006, que eliminó, entre otras, la parte en la que el autor de esa introducción, Ernesto Sabato, decía que la Argentina había sido “convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda”.
El argumento para reescribir el texto era que ese tipo de frases podían dar a entender una relativización de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, más allá de que en la práctica era obviar intencionalmente cualquier referencia a las acciones de organizaciones armadas de izquierda previas al golpe.
Crenzel asegura que esta idea sobre el prólogo original era “una lectura profundamente equivocada”, ya que el escrito de la primera edición distinguía al terrorismo de Estado como “algo cualitativamente superior e infinitamente peor”.

En el libro se aborda además la forma de representar a las víctimas del terrorismo de Estado, hayan sido desaparecidas para siempre o no. Crenzel recuerda que, por un lado, por decreto de Alfonsín se había ordenado juzgar a las cúpulas de Montoneros y del ERP.
Por el otro, que reconocer una militancia, fuese activa o tenue, en, por ejemplo, Montoneros, podía habilitar el discurso justificatorio del crimen que se denunciaba. Estos dos factores, sumado al temor, hicieron que los testigos del Juicio que habían tenido algún grado de participación en organizaciones armadas de izquierda la negaran o la ocultaran.
“No importa lo que hicieron, importa lo que les hicieron”, señala al respecto Böhmer para explicar que cualquiera merecía (y merece) un debido proceso, y que además el Juicio y el informe de la Conadep funcionaban como un rechazo al “recurso la violencia política como herramienta para lidiar con los conflictos” y una advertencia a futuro para quienes osaran llevar adelante un gobierno de facto.
Por otra parte, todo el proceso judicial se centraba en los crímenes cometidos desde el Estado a partir del 24 de marzo de 1976; no era su función ni juzgar las acciones de la guerrilla ni tampoco los asesinatos cometidos por bandas de ultraderecha antes del golpe.
Imágenes de la transición
La película Argentina 1985, tiene su propio capítulo, en donde también se aborda el documental El Juicio, de Ulises de la Orden. De hecho, más allá de estas películas no abundan las representaciones culturales de todo ese gran acontecimiento político-histórico-judicial.
Graciela Fernández Meijide, secretaria de la Conadep y madre de una víctima del terrorismo de Estado, asegura que Argentina 1985 “reinstaló un episodio que marcó un antes y un después en nuestro país”.
En esa línea, Carlos Altamirano considera que el film “es la primera tentativa de armar un relato sobre el Juicio, tratando al mismo tiempo de evitar instalarlo en el medio de un combate por el sentido”.
Otro elemento relevante lo da uno de los guionistas del film, Mariano Llinás, que revela su sorpresa al enterarse del desconocimiento que se tenía sobre el Juicio a las Juntas dentro del propio mundo del cine.
Eso implicó que la película tuviese que ser “levemente didáctica”. Sobre el contenido, Fernández Meijide objeta la escuálida, por no decir nula, representación de Alfonsín en la historia.

El libro además permite la reflexión sobre otros juicios por crímenes de lesa humanidad realizados fuera de Buenos Aires, como los llevados adelante en Chaco, Corrientes y Córdoba, que historizan las investigadoras María José Sarrabayrouse, María Gabriela Lugones y Julieta Lemaitre.
Eclipse y rescate
En el epílogo del texto, la historiadora Hilda Sabato reconoce, entre otras observaciones, que el film protagonizado por Ricardo Darín permitió recuperar aquel Juicio fundacional, pero que al mismo tiempo ese éxito subraya el olvido en el que había caído.
Desde el mismo campo disciplinario, Camila Perochena reconoce que “hubo un eclipse del Juicio a las Juntas”, que fue acentuándose por las posteriores leyes que bloquearon la continuidad del enjuiciamiento de los demás represores, la idea de “pacificación nacional” propuesta por los indultos y el nuevo relato desde el Estado, a partir de 2004, que omitía mencionarlo.
Por su parte, la filósofa Diana Maffía afirma que el Juicio “quedó marginado de la memoria porque la voluntad política pasó a ser el motor de los sucesos”, por encima de la ley.
Este libro, al menos, es una buena base para recuperar aquel acontecimiento de hace cuatro décadas desde el campo intelectual y es de especial interés para abogados, historiadores, sociólogos, militantes de Derechos Humanos y simples testigos de la época.

A fin de cuentas, fue un juicio hecho en el marco de una democracia sobre quienes muy poco antes habían ocupado el poder, sin ninguna potencia extranjera que impulsara los procesos. Y, en medio de objeciones y amenazas de todo tipo, en diciembre de 1985, pudo establecer condenas impensadas apenas dos años antes.