Un escándalo político sacude el Congreso: el kirchnerismo presentó formalmente un pedido para que el diputado José Luis Espert sea removido como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de una investigación periodística que apunta a que habría recibido 200.000 dólares de un fideicomiso gestionado por personas acusadas de delitos vinculados al narcotráfico.
Según el artículo difundido, los fondos provendrían de un fideicomiso administrado por Debra Lynn Mercer-Erwin y Fred Machado. La primera se encuentra presa en Estados Unidos por acusaciones de lavado, fraude y conspiración para distribuir cocaína. Machado, por su parte, enfrenta en Argentina acusaciones vinculadas con narcotráfico, lavado y fraude, y está bajo proceso de extradición.
En 2019, Espert habría sido trasladado por Machado en un avión para la presentación de un libro en Viedma, hecho que quedó documentado en redes y fotografías.
Ante estas revelaciones, Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, declaró:
“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de Diputados. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión.”
Otros legisladores del oficialismo, como Victoria Tolosa Paz, recordaron que ya en julio habían solicitado la remoción de Espert por su presunta inacción para debatir proyectos promovidos por la oposición. Ahora, indican, la gravedad se acrecienta con las revelaciones vinculadas al narcotráfico.
Frente a los señalamientos, José Luis Espert reconoció que conocía a Machado y que este lo había transportado en su avión para aquella presentación de libro, pero afirmó que desconocía sus actividades ilícitas. Aseguró que, de haberlo sabido, no lo habría agradecido públicamente. Calificó el reclamo del kirchnerismo como una “campaña sucia”.
Hasta el momento no se ha presentado una denuncia judicial formal en su contra por estos hechos, aunque el conflicto ya ha encendido el debate político respecto a la legitimidad institucional de mantenerlo en funciones en un cargo tan sensible durante el tratamiento del presupuesto nacional.
