En América Latina, la inseguridad no es una noticia pasajera: es una realidad que se ha instalado como parte del paisaje cotidiano. Durante las últimas tres décadas, uno de cada tres habitantes ha sido víctima de un delito o ha visto a un familiar cercano sufrirlo. Y en los últimos quince años, ocho de cada diez ha vivido con miedo constante a ser la próxima víctima. No importa si se trata de grandes ciudades o de pueblos pequeños, de barrios acomodados o periferias olvidadas; el temor atraviesa fronteras, clases sociales y niveles educativos.
El termómetro de esta preocupación lo marca Latinobarómetro, la encuesta más representativa de la región en esta materia. Los datos, recopilados desde 1995 hasta 2024, revelan que los latinoamericanos se debaten siempre entre dos grandes fantasmas: la economía y la violencia. En la mayoría de los países, la crisis del bolsillo —desempleo, inflación, salarios bajos— compite codo a codo con la inseguridad como principal problema nacional. En Ecuador, Uruguay o Costa Rica, la violencia ha llegado a eclipsar las preocupaciones económicas; y en Argentina o Bolivia, con niveles relativamente bajos de homicidios, la prioridad sigue siendo llegar a fin de mes. En promedio, entre 1995 y 2024 la proporción de personas que considera a la economía como el principal problema del país disminuyó del 57 % al 40 %, mientras que la preocupación por la violencia aumentó del 11 % al 21 %.
La trayectoria histórica muestra picos que coinciden con crisis políticas y económicas. En Argentina, la victimización alcanzó el 49% en 1998, en medio del derrumbe laboral y la caída de la confianza en las instituciones. México vivió su propio terremoto a principios de los 2000, cuando tres de cada cuatro personas decían haber sufrido un delito, coincidiendo con la militarización de la lucha contra el narcotráfico.
Pero el dato más perturbador no es la violencia en sí, sino su sombra: el miedo se ha convertido en una rutina invisible. En efecto, en los últimos 15 años, el 85% de los latinoamericanos vivió preocupado por ser víctima de un delito violento. En 2024, en Brasil el 59% confiesa estar en alerta permanente; mientras que, en Uruguay, ese porcentaje es de apenas 29%. En el caso de El Salvador, el temor cayó de un 57% en 2015 a un mínimo histórico del 10% en 2024, fruto de políticas de mano dura que han reducido drásticamente la criminalidad, aunque a un costo alto en términos de derechos humanos. El nivel educativo también influye: cuanto más alta la formación, mayor la preocupación. Y aunque las estadísticas muestran que hombres y mujeres sufren delitos en proporciones similares, ellas sienten más temor, una diferencia de cuatro puntos porcentuales en promedio.
Cuando se pregunta por el tipo de violencia más frecuente, la respuesta es clara: la de las calles. Esta percepción ha crecido de un 33% a un 42% en menos de diez años. Le siguen la violencia contra mujeres y niños, ambas en aumento. El bullying -acoso escolar- se duplicó, pasando del 11% al 22%. La violencia intrafamiliar contra mujeres subió del 23% al 30%. Y han surgido nuevas formas de temor: la violencia en redes sociales y la asociada al narcotráfico, en torno al 20% durante el 2024.
A la hora de preguntar sobre la confianza en las instituciones, la respuesta es concluyente: apenas 10% declara “mucha” confianza en la policía y 7% en el Poder Judicial, mientras que cerca de un tercio no confía “nada”. Esta desconfianza alimenta un círculo vicioso: se denuncian menos delitos porque no se cree en el sistema, y el sistema no mejora porque carece de respaldo y denuncias suficientes.
En medio de este panorama, la tecnología aparece como un arma de doble filo. Los pagos electrónicos aumentan la sensación de seguridad al reducir la necesidad de llevar efectivo, sobre todo entre quienes tienen mayor educación y recursos. Pero la digitalización trae nuevos riesgos: la ciberdelincuencia crece, desde estafas y fraudes hasta robos de identidad, y los gobiernos parecen ir siempre un paso detrás.
La inseguridad no solo se mide en cifras de delitos. También tiene un costo económico brutal. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen le cuesta a la región el 3,44% de su PIB, un caudal de recursos que podrían destinarse a escuelas, hospitales o infraestructura. Y detrás de cada porcentaje hay historias que fracasan, rutinas alteradas, y calles vacías al caer la noche.
Treinta años de datos dibujan un diagnóstico claro: la inseguridad en América Latina es un problema estructural, alimentado por la desigualdad, la impunidad y la desconfianza institucional. Pero este desafío, no se resolverá con más patrulleros o cárceles, sino con estrategias integrales que combinen prevención, cohesión social, justicia efectiva y oportunidades económicas. Porque, como dijo un guatemalteco encuestado, “uno deja de caminar sin miedo cuando siente que tiene un futuro delante”. Quizá ahí esté la clave para romper, de una vez por todas, este ciclo de miedo y violencia que ha afectado a la región durante mucho tiempo.
