El Ministerio de Salud Pública (MSP) trabaja para reglamentar este año los tiempos de espera para estudios y exámenes, anunció este jueves la titular de la cartera, Cristina Lustemberg.
La ministra adelantó que la nueva normativa para regular los exámenes médicos se activará este año, “lo más rápido posible”, tras un proceso de diálogo de tres meses con mutualistas y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
“Este año va a estar activo (…) porque hay cosas que son inadmisibles”, remarcó la jerarca.
«Ahora vamos a incorporar una reglamentación para normatizar los tiempos de espera de los procedimientos”, destacó en rueda de prensa la ministra. Y recordó que, hasta el momento, lo que rige es la reglamentación de los tiempos de espera de consultas médicas, pero no de los estudios clínicos.
Lustemberg reconoció que hoy los pacientes sufren demoras de “cuatro o seis meses” para obtener estudios como una tomografía, una fibrocolonoscopía, una resonancia de cierta urgencia y los estudios que permiten descartar un cáncer. “Los procedimientos hoy no están normatizados”, explicitó, por lo que no se puede exigir un plazo máximo a las instituciones.
Por otro lado, como adelantó El País, el MSP está trabajando para modificar el decreto 359/007, que regula algunos tiempos de espera, desde medicina general, especialidades e intervenciones quirúrgicas, confirmó la titular de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alejandra Pradere en la misma rueda de prensa. Esta normativa no se ha ajustado desde su aprobación, en 2007.
El MSP está analizando toda la normativa con respecto a los tiempos de espera. “A veces nos hacemos trampa entre nosotros viendo los plazos cuáles debería ser los adecuados; cuáles son las trabas y cómo debemos normatizar los procedimientos”, dijo la ministra. Solo en ASSE, hay 30.000 pacientes en lista de espera para acceder a un equipo de salud mental, graficó.
Consultada sobre si está previsto incluir la exigencia de ciertos tiempos de espera en la meta asistencial, un ingreso clave que reciben las mutualistas como complemento de la cápita, Lustemberg retrucó que es uno de los puntos que se está evaluando.
Las “mayores dificultades” detectadas en los tiempos de espera de especialistas se concentran en psiquiatría de adultos y niños, traumatología, urología, neurología y neuropediatría, dijo la jerarca. “En algunos lugares, no tenemos los recursos humanos suficientes, pero la mayoría de los otros problemas están vinculados a la gestión”, reconoció.
En cardiología, ejemplificó la ministra, en algunos prestadores se ha visto que el 70% – 72% de los cupos de la especialidad están destinados a pacientes con una hipertensión arterial simple. Estos casos podrían ser atendidos por “un médico generalista, con formación familiar y comunitaria” para lograr un acceso más directo.
“De los 14.000 pacientes a los que se les diagnostica una enfermedad oncológica —de las cuales fallecen 6.500— hemos identificado que muchas personas tienen un diagnóstico tardío, así sea consultando a los efectores de salud”, graficó la ministra sobre la incidencia del cáncer, la segunda causa de muerte en Uruguay.
La dificultad para acceder a un médico se agrava al norte del Río Negro, como se ha visto en sucesivos estudios al respecto. Si bien en algunos casos es por falta de recursos humanos, “en otros es porque no complementamos los servicios”, lamentó la ministra.
Más allá de los servicios, en ciertas especialidades faltan especialistas. Hoy por hoy Salud Pública trabaja con la Universidad de la República (Udelar) en un plan para que la formación de médicos se lleve adelante “de acuerdo a las necesidades que tiene el país, siempre respetando la autonomía universitaria”.
“No puede ser que hoy tengamos dificultades en algunas especialidades y en la formación de recursos humanos el MSP no tenga la rectoría (…) El mercado no nos puede regular, porque sino son los usuarios del sistema los que sufren las ineficiencias”, remarcó.
“Creemos que el eje principal para mejorar la disponibilidad de recursos, sobre todo de las especialidades médicas, tiene que ver con la descentralización de la formación. Evitar la doble radicación, que el médico tenga que venir a Montevideo para volver a su lugar de origen”, dijo Pradere.
El MSP, además, trabaja para “mejorar” el sistema de información de medición de los tiempos de espera, “que hoy es débil”, para obtener datos en tiempo real y en forma eficiente, indicó la ministra.
Vinculado con este punto, se va a coordinar la creación de Unidades de Gestión de Agenda Clínica (UGAC), en todos los prestadores, para definir la prioridad, reasignación y monitoreo de las consultas, valorando especialmente la correcta prescripción de estudios.
Los pacientes con vulnerabilidad social, o que buscan descartar un cáncer u otra enfermedad grave, “tienen que tener prioridad, con una unidad de gestión que esté viendo determinadas variables”, añadió la ministra.
La cartera, además, trabaja en “fortalecer” la indicación de la medicación crónica, tras detectar problemas en la repetición de medicamentos. En algunos prestadores, dijo la ministra, hay que volver al especialista a los “tres o seis meses” para tener un fármaco. “Vamos a ver, en conjunto, cuáles deberían ser los plazos para que el usuario no sea rehén de cosas que se van a tener que tomar de por vida”, añadió la jerarca.
Otro aspecto que adelantó que se va a trabajar durante el próximo año y medio es en “revisar” el contrato de gestión suscrito entre la Junasa con todos los prestadores de salud, que data de 2012 y no se ha modificado hasta la fecha. Uno de los puntos que se van a evaluar son las sanciones que aplica el MSP, adelantó la titular de Junasa.
“Más que las sanciones en sí mismo, el foco lo ponemos en que, efectivamente, haya un cambio que la ciudadanía lo identifique y lo vivencie. Si sancionamos, pero al final del día no cambia nada para el usuario, por más sanciones que pongamos no le estamos cambiando la situación a la población”, añadió Pradere.
