Según explicó, los residentes de la zona conocieron la iniciativa «de un día para el otro», tras las elecciones, y aseguran que el Municipio «avanza con llamativa rapidez» aun cuando persisten dudas técnicas, ambientales y jurídicas. «Los vecinos pedimos el acceso al expediente como marca la Ley de Acceso a la Información Pública. Hoy se cumplen los 15 días hábiles y todavía no pudimos verlo», afirmó Guazzelli.
«La reunión fue una puesta en escena»
El abogado relató que fueron convocados por la Secretaría de Obras Públicas a una reunión junto a funcionarios del área y el arquitecto responsable del proyecto. Sin embargo, señaló que el encuentro no satisfizo las expectativas.
«Nos encontramos con una presentación para vendernos el proyecto, no con una instancia real de escucha. Los funcionarios se posicionaron más cerca del desarrollador que de los vecinos», expresó. Contó además que ante el clima tenso, gran parte del grupo decidió retirarse.
El centro del debate: la cota y el área protegida
Uno de los argumentos centrales del grupo tiene que ver con las restricciones territoriales. Guazzelli remarcó que la zona donde se plantea el supermercado se encuentra por encima de la cota 220, dentro de un área protegida donde el uso permitido es prioritariamente residencial.
«El Ejecutivo sostiene que un comercio mediano es ‘autorizable’ en una zona complementaria. Eso es cierto en términos generales, pero no por encima de la protección ambiental. Primero prima la categoría de área protegida. Y allí, la norma es clara: la actividad comercial de esta magnitud es incompatible», explicó.
Asimismo, aseguró que el Municipio no exhibió la planialtimetría del terreno y que, sin esos datos, «cualquier afirmación sobre la cota es incomprobable».
Interés público vs. interés privado
Guazzelli también puso en cuestión los argumentos oficiales que presentan al proyecto como una mejora en los servicios comerciales del sector oeste de la ciudad.
«Si el objetivo fuera desarrollar una zona comercial, tendría que planificarse y discutirse públicamente. Acá no surge un interés público evidente. En un radio de pocas cuadras ya funcionan El Cimarrón, la Curva del Arco, Carrefour, Aureliano y el Monarca del Cerro. Además, a menos de 200 metros está previsto un supermercado La Anónima. No se justifica esta vorágine», planteó.
Los pasos a seguir
El representante legal indicó que los vecinos presentarán en los próximos días una nueva nota formal en el Municipio ampliando los fundamentos técnicos y jurídicos. Paralelamente, diferentes bloques del Concejo Deliberante ya solicitaron que el expediente sea remitido al cuerpo legislativo para su análisis.
«Nos reunimos con concejales de varios sectores y todos coinciden en que esto debe pasar por el Concejo. Es inadmisible que un proyecto de este impacto se decida únicamente desde el Ejecutivo», subrayó.
Guazzelli anticipó además que, si no se abre un ámbito formal de discusión, no descartan acudir a la Justicia. «Acá hay normas ambientales que se están vulnerando. La Constitución es clara respecto al derecho de los ciudadanos a un ambiente sano. Si es necesario, los vecinos avanzaremos por esa vía», sostuvo.
