La Patagonia es otra vez acechada por el fuego. Los recursos naturales, la vegetación, e incluso viviendas y zonas de comunidades indígenas, fueron afectadas drásticamente por los incendios forestales en Chubut, Río Negro, y Neuquén. Si bien todavía hay focos activos en algunos lugares, ya comenzó una etapa de reconstrucción.
A pesar de los esfuerzos de autoridades provinciales y regionales por acompañar a las familias, y a las administraciones de los Parques Nacionales, y de la solidaridad de los vecinos, hay mucho por hacer. ¿Qué dice la legislación? ¿Qué sucede en una realidad sureña llena de negocios inmobiliarios?
En 2012 se aprobó la Ley Nacional de Manejo del Fuego en todo el territorio argentino, y estableció presupuestos mínimos para la prevención del ambiente en lo que respecta a incendios forestales y rurales. Creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego para proteger y preservar los ambientes del daño causado por los incendios, también teniendo en cuenta la seguridad de las poblaciones afectadas. Más adelante, en 2020, la ley fue modificada y se ampliaron los plazos de protección, en medio del avance del lobby inmobiliario, sobre todo en la Patagonia. La modificación sobre el uso de las superficies afectadas por incendios forestales, intencionales o accidentales, quedó prohibida por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años en las zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.
Este verano la región sufrió otra vez grandes incendios, y con este escenario legal podría pensarse que las casi 50 mil hectáreas que fueron afectadas por el fuego estarían a salvo de pasar a tener un uso “indebido”, pero lo cierto es que la poca prevención en políticas públicas y presupuesto que hay destinado a esto, preocupa en la zona.
En esta línea, en 2023 con el cambio de gestión y la asunción del presidente Javier Milei, la historia fue otra y las partidas presupuestarias destinadas a la Ley de Manejo del Fuego fueron congeladas, hasta el día de hoy, y también subejecutadas a un 60%. Además, el Ejecutivo Nacional también había anunciado la derogación de la LNMF, y de la Ley de Tierras que fue sancionada para frenar la extranjerización de tierras en Argentina.
Estos anuncios no fueron concretados, y ambas leyes hoy siguen vigentes y las organizaciones sociales, ambientalistas, y comunidades originarias se aferran a defender la legislación que protege a las tierras quemadas de ser “limpiadas”, para que posteriormente se vuelvan aptas para el pastoreo de animales o para la construcción inmobiliaria de barrios privados, hoteles, grandes casas, y otros proyectos que se caracterizan por su ubicación.
Joe Lewis, el emir de Qatar y sus empresarios, Gastón Gaudio, Hugo Alberto Barabucci, entre otros, son los principales nombres que surgen cada vez que sucede un hecho como este y se comienzan a rumorear la posibilidad de nuevos negocios inmobiliarios. La figura de testaferro se reaviva constantemente, y de esa manera buscan sortear las prohibiciones que establece la Ley de Tierras, mientras que los acotados presupuestos de la LNMF dificultan la etapa de reconstrucción, de resguardo de las hectáreas de los Parques Nacionales afectadas, y de la reinserción de las comunidades indígenas en sus territorios.
Los antecedentes alertan y hacen crecer la preocupación, históricamente después de incendios de esta magnitud, las comunidades indígenas han ido perdiendo parte de su territorio y han sido desplazadas.
En números, Chubut tuvo dos grandes incendios, uno en Epuyén donde se quemaron 3530 hectáreas, entre las que había más de 100 viviendas, y otro en la comuna rural Atilio Viglione que arrasó con casi 5 mil hectáreas de pastizales y bosque nativo. En Río Negro, en el incendio en El Bolsón y Mallín Ahogado, se quemaron 3825 hectáreas y 144 casas quedaron destruidas, ya que se trata de una zona en donde las viviendas y el bosque están integrados. En el Parque Nacional Nahuel Huapi, el fuego se llevó más de 11 mil hectáreas y se perdió un bosque milenario que tardará más de 200 años en recuperarse.
En Neuquén, el fuego en Parque Nacional Lanín consumió hasta el momento 22.121 hectáreas, en una zona que albergaba especies esenciales para el equilibrio del ecosistema.
Además de estas cifras y preocupaciones territoriales, los brigadistas son otro punto que fue indispensable para que los incendios causen el menor daño posible. A pesar de su incansable y riesgoso trabajo, los trabajadores de los Parques Nacionales viven una situación de precarización laboral, y conviven con la incertidumbre de que en marzo otra vez pueden ser despedidos, afectados por los recortes constantes del Ejecutivo Nacional.
Con varios focos de incendio todavía activos, y algunos circunscriptos, la Patagonia es centro de una crisis ambiental, que además carga con intencionalidades, detenciones, allanamientos, y sobre centenares de familias que han perdido todo y esperan una respuesta de parte del Estado Nacional y Provincial.
Tres nuevas centrales hidroeléctricas en Río Negro
El gobierno provincial de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas, le otorgó el uso de agua por 30 años a la empresa Río Villegas SAU, para la construcción de tres nuevas centrales en el arroyo Baguales, zona de frontera. Además, en aquel lugar funciona un centro turistico exclusivo con el mismo nombre del arroyo, que pertenece al qatarí Abdulhadi Mana A. Sh. Al Hajri y al extenista argentino Gastón Gaudio. Ante esta resolución, Magdalena Odarda solicitó la inmediata revocación, y posterior investigación.
Claudia Ermili – APDH Chubut
“Tenemos todo el diagnóstico, pero no tenemos la prevención real”
Desde Chubut, la integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la seccional de Esquel, Claudia Ermili, conversó con La Tecla Patagonia y señaló que manejan una hipótesis de que el fuego aparece como “una de las maneras de desalojar”, remarcando la cercanía de los intentos de desalojo en Los Alerces con los incendios, y la posterior “persecución y estigmatización” que denuncian las comunidades mapuches de la zona.
Ermili comentó que “estamos muy comprometidos con la verdad, y proponemos que se haga una comisión independiente que investigue, y que suspenda estas cuestiones persecutorias, para intentar designar un enemigo interno”, y agregó que “acá se ha culpado impunemente a las comunidades originarias como si fueran los incendiarios, y sabemos que no van a ir en contra de su propio territorio”, sostuvo.
Desde APDH remarcan que la comisión investigadora debe ser independiente, multisectorial, y que convocaron además de a legisladores y concejales “al Tribunal Superior de Justicia, las Universidades Nacionales, y profesionales que puedan aportar a la investigación”.
Por último, también cuestionó la falta de políticas públicas de servicios haciendo referencia a los incendios por desperfectos eléctricos, y señaló que, a pesar del mapeo que hace la Ley de Bosques Provincial para proteger ciertas zonas, “el fuego empieza en un lugar y arrasan con todo lo demás”, cuestionando que “tenemos todo el sistema de diagnóstico, pero no tenemos una prevención real”.
Magdalena Odarda – Dip. provincial Rio Negro UxP
“Hay grandes intereses corporativos, intereses de minería y uranio”
La diputada provincial de Unión por la Patria, Magdalena Odarda, fue autora de la ley original sobre Manejo del Fuego en 2017, y llevó adelante varios amparos judiciales en contra de la posible derogación de dicha ley, y la Ley de Tierras. En primer lugar, Odarda señaló una “subejecución de fondos del Manejo del Fuego, responsabilidad del Gobierno Nacional, que recortó el 40% del presupuesto, y preocupa el vaciamiento en parques nacionales, el despido de trabajadores, y la precarización laboral de los que siguen estando”.
Por otra parte, denunció una política de abandono con respecto a la protección en caso de incendios forestales, y de “grandes intereses corporativos que intentaron tirar abajo la Ley de Tierras, que están interesados no solamente en la tierra, sino en la extranjerización del agua, en toda la Patagonia y especialmente en Río Negro”. Sostuvo que “una vez aplacados los incendios, y cuando vengan a querer comprar la tierra arrasada por el fuego, es muy posible que se produzca un corrimiento de la población rural hacia los centros urbanos».
En ese sentido, agregó: “Hay en esas tierras un alto valor paisajístico, y también hay intereses mineros, de explotación de uranio, y en el caso del agua ya hay un acuerdo firmado entre el gobierno de Río Negro y la empresa israelí Mecorot, donde le cede los conocimientos sobre las fuentes de agua dulce, y después sale una resolución del gobierno provincial por la cual autoriza la construcción de tres centrales hidroeléctricas en el arroyo Baguales para un complejo vinculado con empresarios cataríes y la corona de Catar, que son los nuevos interesados por la tierra y por el agua”.
Por último, sobre los posibles negocios en este escenario, manifestó que “hay muchos intereses que ya se están poniendo sobre la mesa, como la compra de tierras en áreas de frontera que para eso requieren de una autorización del Poder Ejecutivo Nacional cuando se trata de empresas extranjeras”.
Mirta Ñancuno – Parlamento Mapuche
“Muchas familias están viviendo abajo de las chapas quemadas”
La integrante del Parlamento Mapuche de Río Negro, Mirta Ñancuno, dialogó con La Tecla Patagonia, y comentó que “el fuego sigue ardiendo por la montaña y las personas afectadas en la zona están en un proceso de reorganización y de ver cómo vuelven a sus chacras, porque la mayoría de lo que se quemó fueron chacras”.
Además, también mencionó que en Mallín Ahogado es la zona de mayor alarma, y que “la gente ahora está sacando, y viendo con qué organismo tiene que comunicarse”. En este sentido, manifestó que el municipio “ha ofrecido subsidios que entregó la provincia, pero van a ser para aquellos que tengan documentación que acredite su existencia o su ocupación o posesión del territorio en el lugar, y los que no lo tienen, estaban alquilando, o estén en situación similar no van a poder acceder”.
Sobre el estado de las chacras, Mirta indica que “se está haciendo una reubicación en algunos casos, ya que se tienen que ir de las chacras para poder mejorar ese suelo quemado, y hoy no pueden volver a tener sus animales además de haber perdido toda su producción”.
Finalmente, sostuvo que es una situación muy difícil, que “todavía no hay datos de a quienes van a ayudar y a quienes no, y hay familias que recibieron ayuda, pero otras que están viviendo debajo de las chapas que les quedaron quemadas”.
