Esta reforma busca implementar un sistema de Crédito de Referencia del Estudiante (CRE) como medida académica de acreditación sobre los planes de estudio. Dentro de esta medida se consideran las horas de clases presenciales o virtuales y las horas “autónomas” de estudio. Cada crédito equivaldría a 25 o 30 horas de “trabajo estudiantil”. Como explicamos en esta nota, este cambio en la unidad de medida del tiempo de estudio es una forma de enmascarar un posible recorte de las carreras de grado y pre grado y un paso más en la desarticulación de la universidad pública, permitiendo el avance de los posgrados pagos. ¿A qué apuntan con estos cambios? Nada bueno puede venir de un gobierno que busca arancelar y privatizar la universidad
La implementación de este sistema comenzará a ser obligatoria a partir del 2027, tanto para las nuevas carreras universitarias públicas como privadas. Esto fue acordado entre el gobierno y todos los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y en el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Apuntan también a que haya una transición, con modificaciones en los planes de estudio de las carreras existentes para adecuarlos a este sistema de créditos. Sin embargo, la decisión de realizar estos cambios depende de cada Universidad, por lo que será una disputa en cada una de ellas si logran implementar este plan o no.
Este debate no es nuevo, desde el año 2023 bajo el gobierno de Alberto Fernández y por una iniciativa de las autoridades universitarias peronistas y radicales, vienen avanzando en el impulso de una “Nueva Ley de Educación Superior”, en la que ya incluían el sistema de créditos académicos. Ahora de la mano de Javier Milei, el subsecretario de políticas universitarias Alejandro Alvarez y el Ministerio de Capital Humano buscan aplicar este ataque a nuestra educación.
Estas reformas se están definiendo a espaldas de toda la comunidad académica, es decir de los estudiantes, docentes, investigadores y especialistas. Tan burdo es el ataque que al momento solo se ha difundido un anuncio por redes sociales. El Gobierno se prepara para hacer pasar esta reforma hasta por fuera del Congreso, tan sólo en base a una resolución ministerial. Urge abrir un proceso de debate y discusión en cada facultad, con comisiones estudiantiles y docentes para discutir la reforma. Para que seamos nosotras y nosotros, estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores y especialistas quienes decidamos qué estudiar, cómo hacerlo y con qué orientación queremos recibirnos, investigar y especializarnos. El año pasado los centros de estudiantes y Federaciones dirigidas por el peronismo se expresaron a favor de la Nueva Ley de Educación Superior, ahora ante los anuncios del gobierno se mantuvieron en silencio. Nada bueno para la educación pública puede venir de la mano de Javier Milei, los centros y federaciones tienen que ponerse a la cabeza de enfrentar este ataque a la educación.
Te contamos 10 razones para decirle NO al sistema de créditos en las universidades públicas:
1. PROFUNDIZA LA MERCANTILIZACIÓN DE NUESTRA FORMACIÓN
En la década del 90, bajo el gobierno de Menem, gracias a la lucha de la comunidad educativa, la Ley de Educación Superior (LES) no logró su máximo objetivo: la privatización de la educación y el arancelamiento de los estudios de grado. Esta política es una continuidad y profundización de la vieja LES y de lo que se conoció como Proceso de Bolonia, una serie de reformas impulsadas desde 1999 a la cual se adhirieron varios países de Europa. Con este Proceso, la Universidad quedó al servicio de los intereses liberales y la lógica del mercado perdiendo autonomía universitaria.
En esta tradición se inscribe la actual reforma en Argentina, así los rectores, amparados en esta medida del Gobierno, apuntan no sólo a achicar los títulos de grado sino también “a favorecer contenidos en favor de las necesidades del mercado” con el objetivo de “volver más competitiva la Universidad”. Buscan que la formación profesional esté orientada y sea útil a las necesidades del mercado. Así mientras el gobierno desfinancia la ciencia, y en particular el CONICET, busca que nuestros conocimientos estén cada vez más a disposición de las necesidades del capital. Como antecedente de esto tenemos en las diversas Universidades Públicas acuerdos de colaboración técnica con empresas nacionales y extranjeras. Esto implica una transferencia del conocimiento del sector público al sector privado, una orientación política y social que buscan profundizar abriendo paso a las reformas de los planes de estudio a medida de los intereses de organismos transnacionales como el Banco Mundial, el FMI, el capital privado y los especuladores financieros, y no de las verdaderas necesidades de las mayorías trabajadoras y que el país supere el atraso y la dependencia. Degradar los títulos de grado, y formar mano de obra rápida para ser aún más precarizada en el mercado laboral tiene relación también con este cambio en los contenidos.
2. ATENTA CONTRA EL CARÁCTER GRATUITO Y PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN
La enorme lucha universitaria del año pasado, con tomas de facultades, asambleas en todo el país, y con marchas educativas que pusieron a millones en la calle, logró frenar gran parte de los planes de fondo del gobierno como el arancelamiento de la educación superior. Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei busca profundizar la precarización y el ajuste en la universidad pública para ir vaciándola cada vez más y limitar su acceso. La Universidad se encuentra este año bajo una emergencia presupuestaria de hecho. Como venimos desarrollando la “licuación inflacionaria” y el congelamiento de fondos, que desde el año 2023 implicó un recorte real del 25% en un sólo año, vienen ahogando la universidad pública y al sistema Científico y Técnico, a tal punto que se encuentra en peligro nuevamente el funcionamiento de las universidades y teniendo a los docentes y nodocentes por debajo de la línea de la pobreza, con renuncias de docentes y cierre de comisiones en algunas facultades.
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Milei se declaró enemigo de las universidades públicas. Primero en campaña propusieron el sistema de vouchers para avanzar en su privatización, luego se jugaron a avanzar en el desfinanciamiento y ataque a los docentes. Ahora con el plan “noventista” de implementar este sistema de créditos, Milei y los rectores, radicales, peronistas y no alineados, vuelven a poner a la Universidad en jaque. Con el SACAU buscan acortar la duración de las carreras a costa de desguazar los títulos de grado y al mismo tiempo devaluar la hora de trabajo docente. Con la degradación de los títulos de grado y el vaciamiento de los planes de estudio se favorecen los posgrados, que en Argentina a partir de la Ley de Educación Superior, son en su mayoría pagos. Así lo planteó Lopez Armengol, presidente de la Universidad de La Plata: “Para mejorar las condiciones de formación y no deteriorar la calidad educativa, la reestructuración de las carreras de grado podría ser complementada con una oferta de carreras y programas de posgrado”. Buscan un nuevo mecanismo para atacar la gratuidad y el carácter público de la Universidad.
3. PONE EN RIESGO LOS SALARIOS Y CONTINUIDAD DE NUESTROS DOCENTES
Como mencionamos, en las últimas décadas asistimos a una precarización del trabajo de las y los docentes y no docentes. Esto lo vemos reflejado en los índices de caída salarial pero también en un incremento de modalidades de contratación temporal y la creación de múltiples figuras similares al “ad honorem”, lo que degrada la calidad de la enseñanza. Lo que viene produciendo, en distintas facultades, renuncias docentes, ya que con este sueldo no alcanza para poder vivir y los docentes se ven obligados a buscar otros trabajos. Esta reforma es una continuación del ataque en curso a los trabajadores docentes de la universidad, ya que al eliminar horas cátedras dictadas por los docentes y potencialmente recortar materias de la currícula obligatoria, se pone en juego la continuidad laboral de la docencia que se encuentra a cargo del dictado de clases en el aula, a su vez y de establecerse la posibilidad de modalidades híbridas esto abre diversas preguntas sobre las condiciones laborales; ¿cuántos alumnos había por curso? ¿cómo se garantiza el acceso a dispositivos electrónicos e internet? ¿quiénes pagan estos gastos?, entre otros.
4. PARA PERMANECER EN LA UNIVERSIDAD NECESITAMOS BECAS Y NO EL RECORTE DE NUESTROS PLANES DE ESTUDIO
El discurso del Consejo Interuniversitario Nacional es que esta reforma permitiría una mayor tasa de egreso de los estudiantes dado que recorta el tiempo de los planes de estudio. Los rectores, que negociaron a nuestras espaldas y dejaron tirados a los docentes y no docentes, ahora hacen demagogia. Estos rectores, que son los mismos que el año pasado ante el ajuste del gobierno nacional convocaron a movilizar en abril, pero una vez que negociaron un miserable aumento para los gastos de funcionamiento (5%-10% del total del presupuesto universitario, excluye pago de salarios), misteriosamente dejaron de convocar a movilizar permitiendo que el Gobierno siga avanzando sobre los salarios docentes y no docentes. ¿Los mismos que se tiraron en contra de las y los estudiantes y sus medidas de lucha para defender la educación pública y apoyar a sus docentes ahora se hacen los preocupados por la deserción estudiantil?
Es cierto que la realidad que atravesamos hoy los jóvenes, hace que cada vez sea más difícil continuar con los estudios. Pero poner el foco solo en la duración de las carreras, invisibiliza las problemáticas económicas y sociales que tienen las y los estudiantes. Para poder sostener los estudios, el 60% de los estudiantes trabaja, la mayoría de ellxs en condiciones precarias. Si el CIN quiere hablar del acceso y permanencia en la educación superior debería estar exigiendo mayor presupuesto que garantice becas y condiciones para poder estudiar de los estudiantes.
5. INDIVIDUALIZA NUESTRA EDUCACIÓN
En la plataforma de X, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, planteó que “Los planes de estudio deberán rediseñarse para reflejar la carga total de trabajo en créditos, incorporando también el esfuerzo autónomo del estudiante”. Nuevamente el discurso meritocrático de “sálvese quien pueda” ahora traducido para la Universidad basado en el “esfuerzo” individual y autónomo del estudiante. En las aulas de Argentina las rondas de mates, los amigos de estudio, los compañeros de carrera, la relación con los docentes vuelven a nuestra educación de mayor calidad. Nos preguntamos: ¿valen lo mismo las instancias de aprendizaje colectivo que el estudio individual?
El proceso de enseñanza y aprendizaje lejos se encuentra de esta lógica individual y meritócrata. Lo vivimos en la pandemia cursando virtualmente. Pero no tiene por qué ser así. La Universidad es también un espacio de socialización, intercambio y politización para millones de jóvenes en todo el país. Esto es lo que tanto le molesta a Mile, que desde el año pasado viene apuntando contra el supuesto “adoctrinamiento” en la Universidad, porque los procesos en los que el movimiento estudiantil intervino para defender la educación pública surgieron de los centros de estudiantes, de las asambleas y de la organización desde abajo. Sin una vida política dentro de la Universidad esta organización es imposible. Esta reforma es también una forma de vaciar la política de las Universidades.
Nosotros apostamos a recuperar y potenciar estos espacios, que las universidades sean usinas de pensamiento, pero también de cultura y de socialización. La universidad la vamos a defender de forma colectiva y la queremos habitar de forma colectiva.
6. LOS JÓVENES TRABAJADORES NO CUENTAN CON EL MISMO “TIEMPO DISPONIBLE”
El cálculo de las “horas promedio” para estudiar, preparar exámenes, realizar trabajo de campo, prácticas, etc., que el Sistema de Créditos plantea como un reconocimiento del tiempo de dedicación de cada estudiantes, se hace suponiendo un “estudiante promedio”. Pero el método de calcular esas horas promedio es un problema. En la Universidad del Comahue, se viene haciendo una prueba piloto del Sistema de Créditos en la Facultad de Lenguas y en la de Ciencias Marítimas. Se crearon Equipos de Trabajo para la Acreditación de las Carreras (ETAC), para realizar el cálculo de horas mediante una encuesta online distribuida voluntariamente entre quienes la quieran hacer. O sea, ni siquiera garantiza algún tipo de representatividad. Es decir, un estudiante ideal que no contempla las diferentes condiciones de vida de les estudiantes reales: que trabajamos (casi siempre precariamente), que hacemos tareas de cuidado, que tenemos diferentes trayectorias académicas, etc., Nos imponen un ritmo promedio que sólo podría alcanzar quien cuente con el tiempo socialmente disponible. El resto, afuera.
7. ATENTA CONTRA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Otro de los argumentos del gobierno para presentar el Sistema de Créditos es que permitiría la movilidad de estudiantes: tanto entre universidades públicas y privadas, como dentro y fuera del país; por la facilidad de establecer equivalencias entre las carreras a través de los créditos. Pero para garantizar esa equivalencia, las universidades estarán obligadas a organizar los planes de estudio y la creación de nuevas carreras de modo que se ajusten a los estándares comunes –y las orientaciones profesionales– de las universidades privadas y las universidades de los países imperialistas que tienen mayor peso para imponerse. Un ataque a la autonomía que tienen las universidades para armar su propia estructura académica.
Además, atenta contra la libertad de cátedra, donde los contenidos y las formas de llevar adelante la clase pasan a ser ajustados a los “estándares comunes”.
8. ES UNA REFORMA DISCUTIDA SIN PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
En los lugares que comenzaron a llevar adelante esta reforma, lo realizan mediante la comisión llamada ETAC (Equipo de Trabajo de Asignación de Créditos), que tiene minoría de participación estudiantil, ya que sólo contempla a 2 estudiantes de toda una facultad.
Pero más allá de esto, el gobierno de Javier Milei y los rectores de la universidad están decidiendo sobre nuestra educación a espaldas de la comunidad educativa. ¿En qué universidad se discutió esta reforma? ¿A qué docente se le consultó cómo afecta esta reforma al proceso de aprendizaje? ¿Qué estudiante pudo participar del debate sobre las dificultades y necesidades que atravesamos para poder regresarnos?
Quienes conocemos cuáles son las problemáticas cotidianas que atraviesa la Universidad debemos ser parte de cualquier decisión profunda que se tome. No podemos dejar que decidan a nuestras espaldas achicar nuestros planes de estudio, reorientar el contenido de nuestras carreras, ni que modifiquen el proceso de enseñanza y aprendizaje.
9. DONDE SE PROBÓ, NO FUNCIONA
Este modelo sigue el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) que se aplica en diversos países de Europa. En América Latina el país que más implementó este sistema fue Chile, con el Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile). En donde demuestra claramente su fracaso y consecuencias en la posibilidad de acceso a la educación. En Chile el sistema de créditos se implementó seguido de traspasar la responsabilidad financiera de los créditos del Estado al estudiante y generando un endeudamiento masivo en la población para poder financiarlos. Al mismo tiempo que se ha profundizado la mercantilización de la educación, ya que se implementan modalidades de financiamiento privado para poder costearla.
Como ya desarrollamos en La Izquierda Diario en torno al Plan de Bolonia, en el caso de España, este no consiste en la privatización inmediata de la universidad sino más bien en una fórmula aparentemente menos agresiva que era poner las mismas universidades al servicio de ámbito privado y empresarial estrechando lazos con el proceso productivo. Permitiendo así a la UE y al Estado español mejorar sus grandes empresas transnacionales manteniéndose competitivas a escala internacional en una economía globalizada, sobre todo en relación a las empresas estadounidenses y chinas.
10. NECESITAMOS UNA NUEVA REFORMA UNIVERSITARIA DISCUTIDA DESDE ABAJO Y POR UNA UNIVERSIDAD DE Y PARA LOS TRABAJADORES.
El sistema de créditos que el gobierno nacional, junto con las autoridades del CIN —radicales y peronistas—, busca imponer por ley esta reforma, debe encontrarnos al frente, como históricamente lo ha hecho el movimiento estudiantil, como fue el bloqueo al Congreso para impedir que se vote la LES en los años 90. Cada vez que se intentaron reformas de planes de estudio orientadas al ajuste, estudiantes y docentes supimos organizarnos para resistir. Esta vez no puede ser distinto.
Frente a este panorama, los estudiantes tenemos que ponernos en marcha. Es fundamental que nuestros centros de estudiantes y federaciones se pongan al frente de estos reclamos, que nos organicemos en cada aula, llevemos el debate a todos los espacios, elijamos delegados por curso, convoquemos reuniones por carrera, y trabajemos codo a codo con nuestros docentes. Toda acción que contribuya a visibilizar este ajuste —festivales, clases públicas, charlas, debates— debe ser impulsada desde abajo.
En Rosario, en las carreras de las facultades de Humanidades y Artes, Ciencias Políticas y Psicología que están comenzando sus debates, hemos estado presentes en cada instancia para impulsar estas medidas. En carreras como Historia y Filosofía, promovimos asambleas estudiantiles y votamos la elección de delegadxs por curso, con el objetivo de que el debate llegue a cada estudiante, cátedra y comisión. También desde nuestros lugares en el Consejo Directivo, venimos interviniendo junto a docentes y fuerzas opositoras a las autoridades para evitar que se impongan reformas y ajustes que atentan contra la libertad de cátedra y la autonomía de las carreras.
En la UNCo, donde comenzaron las pruebas piloto de cálculo de horas en algunas facultades y se debatió en una de las comisiones del Congreso de la Federación Universitaria del Comahue, nos pronunciamos contra el SACAU y discutimos la necesidad de discutirlo en asambleas de cada facultad –como se hizo en la Asamblea de Filosofía en Humanidades. Además, durante el próximo paro de CONADU Histórica este 19 y 20 seremos parte de conversatorios abiertos para informar y pensar un plan de acción frente a esta contrarreforma educativa.
Los salarios docentes y nodocentes continúan en el centro del ataque, tenemos que unir la pelea contra la reforma con la lucha por el presupuesto universitario, y por el aumento salarial para los docentes y nodocentes. Por eso en cada Universidad venimos planteando la necesidad de construir una Tercera Marcha Nacional Universitaria que muestre nuevamente la fuerza de la comunidad educativa para enfrentar los ataques de este gobierno a la educación pública.
También tenemos que pensar cómo transformar nuestra universidad de raíz. Frente a políticas, de gobiernos y autoridades, que solo buscan dividir a estudiantes y trabajadores, debemos actuar en sentido opuesto. Junto con las y los trabajadores, tenemos que repensar el papel de la universidad pública y poner todos sus recursos y conocimientos al servicio de las necesidades sociales.
La universidad pública es una conquista histórica y un derecho conquistado, pero en estos tiempos de crisis profunda, también es momento de pensar cambios profundos como planteamos en nuestro proyecto “Manifiesto de agrupaciones universitarias de la Juventud del PTS e independientes”. Retomando la tradición de la reforma de 1918 y el Manifiesto Liminar escrito en Córdoba, necesitamos una verdadera democracia universitaria. Hoy, la mayoría estudiantil no tiene peso real en las decisiones que se toman en las universidades: decanos y rectores no se eligen de forma directa, mientras nosotros podemos votar presidentes, senadores y diputados, pero no a quienes definen sobre nuestras carreras y nuestras condiciones de estudio.
Por eso, hay que cambiar las prioridades. Necesitamos una universidad abierta al conjunto del pueblo trabajador. En una realidad donde la juventud está cada vez más precarizada, donde recibirse se vuelve más difícil por los ritmos de vida y los empleos inestables a los que nos empuja la necesidad de sobrevivir mes a mes, es imprescindible garantizar un sistema de becas amplio y efectivo, que realmente integre a toda esa juventud. Se tienen que invertir las prioridades, que el presupuesto vaya para presupuesto para la educación y para salarios docentes y no docentes y no para pagar la deuda del FMI!
Este es el momento de pensar colectivamente cómo queremos enfrentar estas políticas, cómo construir una nueva universidad al servicio de las realidades sociales de las y los trabajadores y la juventud. Es tiempo de dar un paso adelante y transformar nuestra universidad.
