La política salteña fue sacudida por la decisión de la expresidenta de la Nación y actual titular del PJ nacional, Cristina de Kirchner, de intervenir el Partido Justicialista de Salta, generando un fuerte rechazo en la dirigencia local. La medida, justificada desde el kirchnerismo como una acción necesaria para «poner orden» dentro del partido a nivel nacional, fue rápidamente calificada como arbitraria e ilegal por el peronismo salteño, que anticipó que presentará impugnaciones judiciales.
La política salteña fue sacudida por la decisión de la expresidenta de la Nación y actual titular del PJ nacional, Cristina de Kirchner, de intervenir el Partido Justicialista de Salta, generando un fuerte rechazo en la dirigencia local. La medida, justificada desde el kirchnerismo como una acción necesaria para «poner orden» dentro del partido a nivel nacional, fue rápidamente calificada como arbitraria e ilegal por el peronismo salteño, que anticipó que presentará impugnaciones judiciales.
Los dirigentes del edificio ubicado en Zuviría 938 quieren que todo se resuelva antes de los plazos para la presentación de candidatos para las elecciones provinciales, que serán el 11 de mayo de este año. En el kirchnerismo nacional hay mucho malestar porque, según indicaron fuentes, los dirigentes salteños «quieren estar con Dios y con el diablo».
El argumento central esgrimido por Cristina Fernández para avanzar con la intervención está vinculado con el comportamiento de los tres diputados nacionales electos por el PJ salteño: Pablo Outes, Pamela Calletti y Yolanda Vega. La exmandataria cuestionó que los legisladores votaron en consonancia con las propuestas del presidente Javier Milei, alejándose de la línea tradicional del peronismo kirchnerista. Además, se resaltó que los tres ocupan cargos dentro del PJ local, lo que agravaría la situación en términos de disciplina partidaria.
Sorpresa y rechazo por la medida
Desde el PJ de Salta niegan que exista algún tipo de desorden institucional o jurídico que justifique la intervención que dispuso Cristina Fernández de Kirchner. Aseguran que el partido se encuentra en pleno funcionamiento y que la intervención responde más a una cuestión de disciplinamiento político que a una necesidad organizativa real.
La decisión fue recibida con sorpresa y rechazo dentro del peronismo salteño, que no tardó en expresar su postura a través de un comunicado oficial del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Salta. En el documento, remarcan su desconcierto ante una medida que consideran arbitraria y carente de fundamentos válidos.
No es un dato menor que el año pasado los dirigentes del PJ salteño se encolumnaron bajo a la candidatura del gobernador riojano, Ricardo Quintela, para presidir el partido a nivel nacional.
«Nos encontramos sorprendidos y desconcertados ante la arbitraria decisión de intervenir nuestro partido, el que encuentra ordenado institucional, económica y jurídicamente. Es una medida inconsulta, sin fundamentos valederos, por lo que en forma inmediata buscaremos rebatirla ante la Justicia», expresa el comunicado que compartió en sus redes el titular de PJ local, Esteban «Tuty» Amat, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia.
Además, enfatizan que el PJ no es un «sello de goma» y que sus militantes, dirigentes y la sociedad no pueden ser «intervenidos». Aseguran que la decisión de Cristina Fernández busca castigar a quienes impulsan una mirada distinta dentro del peronismo, afectando la autonomía de los distritos provinciales.
Por otra parte, en una solicitada publicada por el justicialismo provincial, los dirigentes salteños reiteraron su rechazo categórico a la intervención y ratificaron su compromiso con un peronismo autónomo, con una visión federal y abierta al futuro.
«El peronismo salteño no se doblegará ante este ataque centralista y arbitrario. Creemos en un movimiento de contenido federal, abierto al futuro, no anclado a un pasado que en vez de aportar, obstruye el crecimiento de las provincias y de su gente», señala el documento.
El PJ local denunció la falta de democracia interna en la conducción nacional del partido, cuestionando la imposición de decisiones desde Buenos Aires sin respetar la voluntad de los afiliados de cada provincia. «Basta de centralismo y sectarismo multiplicado al extremo que va a destrozar nuestro partido», alertaron.
