Que la norma que establece la obligatoriedad de reservar un 30% de vivienda social en las nuevas promociones residenciales y grandes rehabilitaciones no ha funcionado es una evidencia que tan solo la defensa numantina que de este precepto mantiene los Comuns se atreve a discutir. Los dos principales grupo del Ayuntamiento de Barcelona, el PSC en el gobierno y Junts en la oposición, comparten este diagnóstico y, sin embargo, agotado ya casi el 60% del actual mandato municipal, siguen sin llegar a un acuerdo para la revisión de la norma. A ellos se ha dirigido por carta el presidente del grupo popular, Daniel Sirera, para poner en común las coincidencias entre las tres formaciones y avanzar hacia “un acuerdo amplio para desbloquear la construcción de vivienda en la ciudad y poner fin a un modelo que, tras siete años de experiencia, ha demostrado ser un auténtico fracaso”.
Sirera ha remitido esta carta al alcalde socialista, Jaume Collboni, y al presidente del grupo de Junts per Barcelona, Jordi Martí. Argumenta el dirigente del PP que la reserva obligatoria del 30%, aprobada en 2018, “ha tenido consecuencias muy negativas: ha paralizado la construcción de nuevas viviendas, ha frenado la inversión privada y no se ha generado ni una sola promoción con pisos asequibles para los jóvenes o las familias de clase media”.
Los populares se suman a la petición hecha por Foment y los promotores y constructores
El presidente del grupo popular advierte de que la crisis habitacional que sufre Barcelona “no se resolverá con más trabas ni burocracia” y que es necesario “recuperar la confianza de los promotores, ofrecer seguridad jurídica y garantizar que el sector público y el privado puedan trabajar juntos para aumentar la oferta de vivienda”. El punto de partida de este acuerdo, que como recuerda el propio Sirera sumaría 25 de los 41 concejales del Ayuntamiento de Barcelona, es la eliminación de la reserva del 30%, “sustituyéndola por un sistema de incentivos eficaces para promover vivienda asequible”.
Daniel Sirera, en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Barcelona
David Zorrakino – Europa Press
El pacto que plantea el PP va más allá de la modificación o supresión del 30. Propone “poner suelo público a disposición de proyectos de promoción de vivienda social o de protección pública” y “simplificar la tramitación administrativa, reduciendo los plazos y los obstáculos que hoy hacen imposible construir con agilidad en Barcelona”.
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Entiende Sirera que esa mayoría formada por Junts, PSC y PP es “más que suficiente para remover los obstáculos que hoy impiden construir vivienda en Barcelona”. “Solo hace falta voluntad política para hacerlo posible”, sentencia el jefe de filas de los populares en su comunicación con Collboni y Martí. “Te proponemos –concluye– abrir una mesa de trabajo conjunta para acordar una nueva estrategia de vivienda, que ponga fin al bloqueo actual y vuelva a hacer de Barcelona una ciudad donde sea posible vivir”.
Esta iniciativa de Daniel Sirera se produce unos días después de que la patronal Foment del Treball y la asociación de promotores y constructores (APCE) emitieran un duro comunicado, no exento de críticas directas al alcalde Collboni, reclamando a Junts y PSC que arrinconen los cálculos de interés partidista y se pongan de acuerdo de una vez por todas para rectificar la norma impuesta hace siete años, durante el primer mandato de Ada Colau.
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La ofensiva del PP contra la norma del 30% tendrá un nuevo capítulo mañana, en el pleno municipal, donde sustanciará un ruego para que se suprima esa reserva, que “se ha demostrado ineficaz para generar vivienda asequible y que, desde su aprobación, ha contribuido a paralizar la construcción en Barcelona”.
