Es por el rechazo a los recortes en el transporte de miles de recicladores.
El presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), Sergio Sánchez, inició este lunes un acampe y una huelga de hambre en Parque Lezama, frente a la sede del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires contra la medida oficial de recortar el transporte de miles de cartoneros.
Un comunicado de la federación sostiene: “Mientras el presidente de la FACCyR y amigo del Papa Francisco, Sergio Sánchez, inicia hoy un ayuno voluntario frente al Ministerio de Espacio Público porteño, el Ministerio Público Fiscal reconoció la validez del amparo presentado en la justicia por el transporte de los recicladores. En las últimas horas, se emitió un dictamen favorable que reconoce la validez del reclamo de la Federación y abre el camino para que se garantice la continuidad del servicio para más de 3.500 familias cartoneras, el cual fue suspendido de un día para el otro por el gobierno de Jorge Macri”.
“Sánchez, reconocido referente del sector, permanecerá en la puerta del ministerio ubicado en Parque Lezama hasta que el ministro Ignacio Baistrocchi dé una respuesta y se anule el recorte”, indicó la federación.
“Vengo a poner el cuerpo porque es lo único que tenemos. Mientras avanza nuestro reclamo en la Justicia, el gobierno sigue en silencio. No vamos a permitir que destruyan un sistema que construimos a pulmón y desde la calle, y que es un ejemplo en el mundo”, declaró” Sánchez.
A fines de julio, ante los recortes anunciados por el GCBA, la federación emitió este comunicado: “Desde la FACCyR nos declaramos en estado de alerta y movilización. El gobierno de la Ciudad le declaró la guerra al sistema de reciclado y a los trabajadores y trabajadoras que lo sostenemos. Hace tiempo que venimos denunciando el abandono: faltan camiones, los Centros Verdes se caen a pedazos –como el de Barracas, que sigue en ruinas tras el incendio del año pasado– y nos faltan hasta los bolsones y precintos para poder laburar”.
“La última provocación fue la decisión de cortar el servicio de transporte para los recuperadores. Esto es un ataque directo al bolsillo de compañeros que cobran una miseria de $390.000 y que ahora tendrán que gastar más para ir a trabajar. Es, además, una garantía de que la Ciudad va a estar más sucia, porque sin recuperadores no hay recolección. Mientras la Ciudad enfrenta una crisis de higiene, el gobierno de Jorge Macri y su ministro Ignacio Baistrocchi se dedican a destruir un sistema que funciona y es reconocido en todo el mundo, violando las leyes que ellos mismos deberían cumplir. Les exigimos que reviertan inmediatamente esta medida y se sienten a dialogar. No vamos a permitir que hagan campaña electoral a costa de nuestro trabajo. Si no hay respuestas, habrá lucha en las calles”, agregaba.
El Gobierno porteño anunciaba los recortes con este comunicado: “El Gobierno porteño avanza con medidas para reorganizar el sistema de reciclado urbano en la Ciudad y termina con los privilegios que beneficiaban a un grupo reducido de cooperativas. En ese marco, la Ciudad deja ahora de financiar el traslado diario de recuperadores urbanos que viajan desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires para cumplir sus tareas en el territorio porteño. Se trata de un esquema que alcanzaba a trabajadores de cooperativas ligadas al dirigente social Juan Grabois”.
“Desde el Gobierno de la Ciudad decidimos terminar con el financiamiento del traslado diario de cartoneros de cooperativas vinculadas a Juan Grabois que venían desde el conurbano. Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
El comunciado agregaba: “El sistema de reciclado de la Ciudad está integrado por más de 6.000 recuperadores urbanos organizados en 12 cooperativas que prestan el servicio formal de recolección diferenciada. Cada día, estos trabajadores recorren los barrios, recolectan materiales reciclables y los clasifican en los Centros Verdes. Sin embargo, hasta ahora, una parte del sistema —3.100 recuperadores pertenecientes a las cooperativas Amanecer de los Cartoneros, Madreselvas, Recuperadores Urbanos del Oeste y Cartonera del Sur— contaba con traslado diario financiado por el gobierno porteño para viajar desde la Provincia. El resto, más de 3.000 trabajadores que realizan las mismas tareas, nunca accedieron al mismo trato. Los fondos que hasta ahora se destinaban a un beneficio desigual —unos 6.000 millones de pesos anuales— serán reinvertidos en mejoras concretas del sistema: obras de infraestructura en los Centros Verdes, el refuerzo de rutas de recolección y el aumento de la capacidad operativa”.
“Estamos construyendo un esquema transparente, justo y eficiente, donde todos los recuperadores estén bajo las mismas reglas. El esfuerzo del Estado —que es el de todos los vecinos— debe traducirse en mejoras reales para el sistema de reciclado, no en beneficios discrecionales”, explicó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.
“La decisión forma parte de una política más amplia que la Ciudad viene llevando adelante para transparentar el sistema y garantizar condiciones equitativas. Estas son las medidas que se implementaron para dotar de más transparencia y mejor eficiencia al circuito: Se eliminó la intermediación en los pagos. Hasta fines de 2024, más de 2.000 recuperadores cobraban a través de sus cooperativas, que recibían los fondos y luego los distribuían entre sus miembros. Este año, todos los recuperadores del sistema ya cobran de manera directa en sus cuentas del Banco Ciudad, sin intermediarios. Se bancarizó al 100% de los trabajadores del sistema, garantizando mayor control y trazabilidad. Esta medida fortaleció la transparencia en el uso de los recursos y aseguró que cada trabajador cobre exactamente por el trabajo que realiza. Se implementó un sistema de control de asistencia mediante dispositivos biométricos en los Centros Verdes y predios logísticos, para asegurar que los pagos lleguen exclusivamente a quienes cumplen efectivamente sus tareas. En el primer mes, los descuentos por ausencias injustificadas aumentaron un 45%. Se reforzaron rutas de recolección en zonas de alta generación”, finalizaba el Gobierno porteño.
