Luego de que el presidente Javier Milei promulgara la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendiera su ejecución hasta tanto se “especifique la fuente de recursos a utilizar”, el abogado constitucionalista Diego Armesto diálogo en Radio Universidad y advirtió sobre sus implicancias institucionales. “El Poder Ejecutivo encuentra mecanismos para sortear las obligaciones legales”, lanzó.
Una «trampa»
“Lo que hizo el Presidente es una trampa, trampeó la ley. Dijo: ‘la promulgo, pero la suspendo’”, sintetizó y recordó que “el artículo 83 de la Constitución Nacional establece un procedimiento de insistencia y aprobación de proyectos por mayoría agravada en el Congreso”. “Cuando se cumplen todos los pasos, la lógica indica que debería transformarse en ley. Aquí el Ejecutivo está desconociendo ese proceso”, afirmó.
De ese modo, el letrado explicó que la nueva ley delega la asignación de partidas en el jefe de Gabinete (hoy Guillermo Francos), responsable del manejo de los recursos del Estado. En ese sentido, ironizó: “Es casi gracioso que no tengan el dato porque desde hace dos años no tenemos presupuesto”.
Asimismo, el constitucionalista cuestionó el accionar del Gobierno al sostener que “se rompe el principio de igualdad porque el Ejecutivo puede incumplir, puede llevar adelante un atropello institucional, y no le importa la Constitución, pero Diego Armesto no puede decir ‘no pago más IVA’”.
Conflictos latentes
Para el especialista, la decisión abre un “mundo fuera de la institucionalidad”: “Están planteando que, por medio de cualquier herramienta, el Ejecutivo puede modificar leyes o suprimir derechos con interminables decretos”. “Pero la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la única manera de suprimir derechos es a través de una ley, no de decretos”, indicó.
Además, Armesto señaló que las discusiones sobre la macroeconomía y las tensiones institucionales “desvían la agenda de los problemas reales de la ciudadanía”. “No discutimos discapacidades, universidades, las cuestiones que hacen a lo común del ciudadano. Van a dejar conflictos latentes. Evidentemente, para algunos este país es un juego”, advirtió.
Finalmente, consultado sobre la posibilidad de que la Justicia responda con alguna medida, aclaró que “se pueden resolver casos particulares”. “Tiene que ser individual, cada abogado debe iniciar un amparo por cada persona con discapacidad afectada, o realizar un amparo colectivo”, subrayó. “Te meten en un laberinto sin salida”, cerró.
