La supresión del financiamiento específico que sostenía a la educación técnica desde 2005 encendió fuertes críticas en todo el país. Especialistas y autoridades advierten sobre un retroceso que impactará en la equidad y el desarrollo productivo.
La aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado dejó una fuerte señal de ajuste sobre el sistema educativo argentino, con un impacto particular en las escuelas técnicas. La nueva norma elimina el fondo especial que durante dos décadas permitió fortalecer esta modalidad educativa considerada clave para el desarrollo productivo y la inserción laboral.
Desde distintos puntos del país, directivos, docentes y referentes del sector manifestaron su preocupación ante la decisión legislativa que deja sin vigencia el Fondo de Educación Técnico Profesional. Dicho instrumento había sido creado en 2005 por la Ley 26.058 y garantizaba un financiamiento equivalente al 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto nacional.
Actualmente, Argentina cuenta con más de 1.700 escuelas secundarias técnicas públicas y cerca de 600 privadas, que ofrecen más de veinte especialidades. A ese entramado se suman el nivel superior técnico y más de 1.400 centros de formación profesional distribuidos en todo el territorio.
El subdirector de Educación Técnica de la provincia de Buenos Aires, Franco Carbone, advirtió que el presupuesto aprobado “pone en riesgo a toda la modalidad técnica en el país”. En declaraciones radiales, señaló que este tipo de políticas profundizan las desigualdades entre provincias, ya que no todas cuentan con los mismos recursos para sostener este tipo de formación.
Carbone también remarcó que el recorte no solo afecta a la educación técnica, sino al sistema educativo en general, y refleja una determinada concepción de país y de modelo de desarrollo. Según explicó, la educación técnica promueve el agregado de valor, el empleo calificado y una articulación directa con el mundo del trabajo, aspectos que quedarían relegados con la eliminación del fondo.
El financiamiento eliminado estaba destinado a la compra de equipamiento para talleres y laboratorios, a la provisión de insumos para estudiantes y a obras de infraestructura, ampliación y mantenimiento de los edificios escolares. Además, cumplía un rol clave en la jerarquización federal de las escuelas técnicas, en un contexto donde las provincias ya asumen la responsabilidad de salarios y mantenimiento edilicio.
