Antes de las luces de Navidad y de los turrones en las estanterías de los supermercados, Barcelona tiene cada año una cita ineludible con la discusión de los presupuestos municipales, un trámite que pasa desapercibido para el grueso de la sociedad pero que tiene el vital objetivo de dotar de nuevas cuentas públicas a la ciudad, sobre todo para poder realizar nuevas inversiones al margen del gasto corriente en limpieza, seguridad, iluminación… Es también, aunque ese ya es un terreno estrictamente político, un buenísimo termómetro para medir el nivel de soledad o sintonía del que goza el gobierno de turno. Para las cuentas del 2026, el equipo de Jaume Collboni plantea un presupuesto que por primera vez en la historia supera los 4.000 millones de euros (4.180 millones, para ser exactos). Pero el PSC solo dispone de 10 de los 41 concejales del pleno, así que el asunto, antes de tener que recurrir a las alternativas que brinda la ley, queda ahora en el tejado de la oposición.
Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía, ha sido este jueves el encargado de desglosar los números. “Son los presupuestos de las personas, la vivienda y la seguridad”, ha resumido. Todo muy calculado, por supuesto. El hilo conductor del discurso del concejal socialista parece beber del resultado de la reciente encuesta de servicios municipales (y de otros sondeos similares), que por primera vez coloca la crisis habitacional como la primera preocupación a nivel personal de los barceloneses, mientras que en cuanto a las inquietudes de ciudad, la sensación de inseguridad sigue en cabeza.
El teatro Arnau, una de las inversiones previstas en las cuentas del 2026
Xavier Cervera
La voluntad del Ayuntamiento es poder aprobar los números antes de iniciar el nuevo ejercicio, algo que se intuye complicado vistos los antecedentes. Las cuentas del 2024 avanzaron gracias a una cuestión de confianza y las del 2025 son una prórroga de las anteriores. Si no hay acuerdo, el alcalde podría poner de nuevo su cargo a disposición del pleno, pero si no hay mayoría para que alguien ocupe su cargo, el presupuesto volvería a pasar el corte. Otra cuestión de confianza, vamos. Pero no es esa, según el cuarto teniente de alcalde, la pantalla que por ahora quiere abordar el gobierno: “No es el escenario que tenemos hoy, primero tenemos que hablar con los grupos y ver si disponemos de una mayoría suficiente”. No puede decir otra cosa, pero sabe bien que no tiene buena pinta.
Primer tanteo
El gobierno ha convocado una comisión extraordinaria para tratar de cosechar la aprobación inicial de sus números
El gobierno ha convocado para la semana que viene una comisión extraordinaria para arañar una primera aprobación inicial, algo que no ha gustado demasiado a los grupos, que en su reacción han coincidido en criticar las prisas ante un presupuesto en el que, aseguran, no han podido intervenir para nada. Por parte de Junts, el concejal Arnau Vives (no su líder municipal, Jordi Martí, cosa que ya dice mucho de la predisposición al pacto de los neoconvergentes) ha hablado de “fracaso” y ha denunciado que el PSC “no da ningún margen de negociación”. En nombre de BComú, Janet Sanz, jefa de filas, ha calificado la comparecencia de Valls de “teatro” -inevitable recordar a Mourinho hablando de Messi en el 2006- y ha censurado que se hayan presentado las cuentas “sin ningún acuerdo y sin haber hablado con ningún grupo”. Los Comuns, ha argumentado, pondrán dos condiciones ineludibles: erradicar el alquiler de temporada en la ciudad y no tocar las tres fincas municipales de Vallcarca sobre las que pesa una orden de desalojo con menores de edad en su interior. Junts no pone condiciones porque su no, a día de hoy, se da por seguro. Tampoco el PP se pone de cara. Su líder, Daniel Sirera, ha reaccionado con contundencia: “No son más que un ejercicio de maquillaje político, diseñado para sobrevivir un año más en el cargo, aunque sea a costa del bolsillo de los barceloneses”. Lo cierto es que el único partido con el que parece que el acuerdo es posible (sin alcanzar la mayoría de 21 concejales) es Esquerra, que el año pasado ya logró influir en parte de las partidas de inversión para el presente ejercicio.
El tranvía, en el nuevo tramo de la Diagonal más allá de Glòries
Mané Espinosa
Sea por acuerdo político -aplicación más inmediata- o por cuestión de confianza -será necesario esperar al segundo trimestre del 2026 para que puedan entran en vigor- los presupuestos contemplarán por ahora una inversión de cerca de 240 millones de euros en vivienda: 84 para la promoción y gestión del parque público, 50 destinados a la rehabilitación, 20 millones para comprar fincas por tanteo, 25 para liberar suelo en el entorno de la Sagrera y 38 para ayudas vinculadas con la crisis habitacional, esto es, ayudas concretas y subvenciones.
Nuevas inversiones
La partida en vivienda asciende a 240 millones de euros, y también hay dinero para el teatro Arnau y la Ciutadella
Hay dinero para el teatro Arnau, para el paseo marítimo de la Mar Bella, para la nueva comisaría de la Guardia Urbana en lo alto de Sarrià o para rehabilitar la fachada del castillo de los Tres Dragons, en la Ciutadella. También, ha avanzado Valls, se darán pasos en cuanto al tranvía, que tiene pendiente la conexión entre Verdaguer y Francesc Macià. Pero que nadie espere obras en este mandato. Ya en el pasado, de manera sutil, el gobierno de Collboni ha ido deslizando el mensaje de que este proyecto no puede coincidir con el momento álgido de la prolongación de la L8 de Ferrocarrils desde la plaza de Espanya hasta Via Augusta con Travessera de Gràcia. Sería demasiada ciudad patas arriba al mismo tiempo. A lo máximo que se aspira antes de mayo de 2027, fecha de las elecciones municipales, es a tener lista la licitación de las obras.
Valls también ha anunciado cuál es la voluntad del gobierno del PSC en cuanto a las balanzas fiscales, es decir, los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas. La propuesta es no cargar más el bolsillo de familias y pymes, pero otro cantar es la tasa turística, que en el plan aprobado en el pleno de ERC a propuesta de ERC, se encarecerá un euro cada año hasta que en el 2029 se llegará al máximo que permite la ley, que es de ocho euros, el doble que el techo actual. Para el 2026 la subida sería de un euro, lo que generará entre seis y siete millones más de ingresos. La cosa depende, sin embargo, de la aprobación previa por parte del Parlament. Se espera que suceda antes de finales de año, pero es un debate que lleva meses prorrogándose.
