La Justicia de Córdoba resolvió poner en situación de adaptabilidad a un bebé nacido en 2024 y que había quedado abandonado: había sido concebido por gestación subrogada pero la madre biológica no quiso buscarlo al enterarse que había nacido prematuro. La gestante, por su parte, aseguró que no podía hacerse cargo por cuestiones económicas.
La historia había comenzado a en noviembre del año pasado, cuando una mujer cordobesa embarazada de siete meses dio a luz en la ciudad de Villa Allende. Cuando el bebé nació, le explicó al equipo médico del sanatorio que en realidad no era la madre biológica, sino que era la gestante.
Además explicó que la progenitora era una mujer francesa con la que estaba en contacto a través de una agencia de Buenos Aires, que la había contratado para hacer la gestión por sustitución.
El bebé había nacido prematuro. Cuando la mujer recibió el alta, el bebé quedó internado en el sanatorio. Allí estuvo hasta mediados de enero.
Tras el parto, la clínica contactó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) de Córdoba, que dictó una medida de excepción avalada por el Juzgado de Niñez para poner al bebé al cuidado de una familia de acogimiento. Allí intervino también el fiscal federal cordobés Enrique Senestrari.
Fue el primer caso en el país de un bebé nacido por vientre subrogado que fue abandonado.
Según informaron fuentes judiciales, la mujer francesa, que había aportado sus óvulos, pagado por el tratamiento y el embarazo de la gestante cordobesa, nunca apareció.
«Tenemos a un bebé abandonado. La persona que lo compró no quiso buscarlo porque dijo que no quería asumir la maternidad de un chico con problemas. Vemos que se trata de un comercio de vientres, de niños, es la cosificación más absoluta del ser humano», dijo a Clarín el fiscal federal Senestrari.
En aquella ocasión, también se había señalado a una abogada que viajó a Córdoba a buscar al bebé. Tenía 10 mil dólares para pagarle a la gestante.
La francesa no quiso establecer vínculo con el bebé mientras que la gestante manifestó que se encontraba en una situación económica vulnerable, por lo que tampoco estaba en condiciones de hacerse cargo del bebé. Pidió que sea adoptado por una familia que lo ame.
Ahora, la jueza de familia María de los Ángeles Pascual definió que el bebé se encuentra «en situación de adoptabilidad». En su resolución, evaluó que existió “una vulneración directa a la dignidad humana” del bebé tras su abandono y que fue tratado “como un producto rechazado”.
“Cosificar a un niño es negarle su humanidad desde el inicio. Es verlo como el resultado de una inversión económica, como un bien que debe satisfacer al cliente. La vida no es un producto, y un niño no es un objeto que puede ser rechazado si no cumple expectativas”, sentenció.
La magistrada también puso el foco en la superioridad de los principios de protección a la infancia por sobre los contratos privados: “Cada niño, sin importar cómo ha sido concebido, es un sujeto de derecho y merece respeto, cuidado y amor”.
“Nunca un niño puede ser tratado como un encargo… toda vida humana merece ser bienvenida no como un objeto deseado, sino como un sujeto amado”, concluyó.
Negocio y trata de personas
Senestrati delegó la causa a Buenos Aires porque la agencia que se encargó de relacionar a las dos mujeres es porteña y esa abogada ya figura en una causa que maneja la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en la que se investigan negociados entre clínicas y agencias para comercializar seres humanos.
«El suceso por el que se inició la investigación no resultaba ser un hecho aislado. Por el contrario, quedó al descubierto un modus operandi de carácter nacional e internacional que involucra una pluralidad de actores necesarios para llevar a cabo los tratamientos de ‘gestación por sustitución’ dentro de la República Argentina», dice la causa de la Protex.
En el pedido de indagatoria a 17 personas -la abogada es una de ellas- firmado en diciembre de 2024 por los fiscales que están al frente de la Protex, Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, se plantea «la necesidad de que el Congreso de la Nación legisle en la materia y arroje certidumbre allí donde ahora no la hay».
Desde hace años en Argentina se repite que como la práctica no está prohibida, está permitida. «Sin embargo, una cosa es que la práctica no esté regulada, y en consecuencia emerjan problemas en torno a su implementación… y otra muy distinta es que, regulada o no, en su marco ocurran conductas criminales«, afirman los fiscales.
Citan la Constitución Nacional, el Código Pena, el Código Civil y Comercial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño y aseguran: «El ordenamiento jurídico argentino establece la prohibición de comercializar y explotar seres humanos, así como la imposibilidad de confeccionar contratos que pongan precio al cuerpo humano o alguna de sus partes».
Sólo en la ciudad de Buenos Aires se inscribieron 149 bebés producto de esta práctica entre 2018 y 2024. El 40% son de parejas del exterior. Hay muchos proyectos de ley en el Congreso que plantean regular la práctica, pero no fueron tratados.
D.D./MI
