En San Jerónimo Sud, un pueblo argentino de apenas 3.000 habitantes, la tranquilidad rural se quebró en cuestión de días. La irrupción de deepfakes pornográficos creados con inteligencia artificial convirtió la vida de más de 80 mujeres en un infierno que aún no termina. Entre el vacío legal, la indiferencia institucional y la facilidad con que estas imágenes se propagan, la historia revela una grieta peligrosa en la era digital.
Un descubrimiento que cambió el aire del pueblo
La historia la cuenta el Diario La Nación: era septiembre de 2023 cuando Eli atendió la llamada de su hija, llorando y sin poder articular del todo lo ocurrido. Su rostro había sido insertado, con una precisión escalofriante, en la imagen de una mujer desnuda y difundido en un grupo de Telegram llamado “Chicas de Sanje y la Zona”. Lo que parecía un episodio aislado pronto se reveló como algo mucho más amplio: más de 80 mujeres habían sido víctimas.
La sorpresa fue aún mayor al descubrir que el responsable no era un extraño, sino un vecino de toda la vida. La cercanía geográfica y la impunidad legal se convirtieron en una combinación asfixiante. En Argentina, este tipo de creaciones no está tipificado como delito, lo que permitió que el acusado siguiera libre.
El poder invisible de las imágenes falsas
Las deepfakes pornográficas no nacieron en San Jerónimo Sud, pero allí encontraron un escenario perfecto para mostrar su capacidad destructiva. Con la IA, cualquier foto pública en redes sociales se convierte en materia prima para fabricar contenido sexual falso, tan realista que incluso peritos forenses tienen dificultades para detectarlo.
Los grupos de Telegram —donde el anonimato es ley y las capturas de pantalla están bloqueadas— se transformaron en autopistas para distribuir estas imágenes. Las víctimas, sin herramientas legales inmediatas, debieron recurrir a denuncias por injurias, un mecanismo que se queda corto frente a la magnitud del daño.
Entre el silencio y la resistencia
Las consecuencias fueron profundas, según especifica La Nación: depresiones, ataques de pánico, rupturas familiares y laborales. Algunas mujeres optaron por no involucrarse en el proceso judicial por temor a la revictimización. Eli dejó de publicar en redes y limitó su trabajo por miedo a que nuevas imágenes surgieran. Nilda, otra de las víctimas, terminó separándose, con secuelas físicas y emocionales que aún arrastra.
Las organizaciones como Ley Olimpia y GENTIC impulsan reformas legales que incluyan estas prácticas en el Código Penal, señalando que el problema no se limita a un creador: también es responsable quien viraliza el contenido. Aun así, los proyectos enfrentan resistencia y una falta de conciencia social sobre el alcance de esta violencia digital.
Una batalla que aún no termina
La historia de San Jerónimo Sud no es solo un caso policial; es un retrato del vacío normativo que rodea a las deepfakes sexuales en Argentina y en gran parte del mundo. Mientras la tecnología avanza, la ley y la educación social se mueven a un ritmo mucho más lento.
Para las víctimas, la herida sigue abierta. El temor a que sus rostros vuelvan a circular mezclados con escenas que nunca protagonizaron es una sombra constante. En ese pueblo, donde todos se conocen, un clic no solo fabricó imágenes: quebró la confianza y dejó una lección amarga sobre el lado oscuro de la inteligencia artificial.
