La jueza Diovanet Olivera cumplió con las formalidades de rigor y le explicó al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, que si hacía uso de su derecho a declarar, todo lo que dijera podría ser usado en su contra y la Fiscalía tendría derecho a hacerle preguntas. Por todo eso, le repitió, podía abstenerse de declarar. Pero él, que hacía días que estaba esperando el momento de que lo oigan, le contestó: «Muchas gracias, pero yo preciso esto».
Luego de eso, dio su versión sobre cuál era el estado de la mutualista en sus momentos finales y contrarrestó lo dicho por el exgerente financiero de Casa de Galicia, quien aseguró que un mes antes del juicio se cruzó a Iglesias y él le pidió que cambiara su declaración en su beneficio.
Uno de los cargos por los que está acusado es apropiación indebida. La Fiscalía entiende que Iglesias se quedó con US$180 mil que retiró del cambio Cambistar S.A y que eran de la institución.
El exgerente financiero declaró la semana pasada que, a pedido del propio Iglesias, pasó a buscar por su domicilio US$ 249.200 y se los llevó en «una caja de zapatos». Él sostuvo que el origen de esos fondos eran de un préstamo que un tercero particular le había dado a Casa de Galicia. «Está en los registros contables y hay un reconocimiento de deuda», dijo el testigo.
El acusado, por su parte, afirmó que el exgerente retiró US$ 200 mil que él le iba a prestar a la institución. «No la hice documentar (la entrega) porque es mía. Un tercero nunca iba a dar US$ 200 mil sin documentar, ni a mi, ni a Casa de Galicia ni a nadie», declaró este miércoles Iglesias y aseguró que el dinero del préstamo que refirió el exgerente fue recibido por otro jerarca de la institución, Marcelo Brasca, en sede de Casa de Galicia.
El destino de esos US$ 200 mil, según Iglesias, fue la propia mutualista. La mitad del dinero —aseveró— se utilizó para cerrar la compra de Clínicas Leborgne y la otra mitad permaneció en la caja fuerte de la mutualista.
Según su versión, por eso cuando él retiró los US$ 180 mil de Cambistar, procuró quedárselos, pero finalmente no pudo hacerlo porque la institución los precisaba y se utilizaron para el pago de distintas obligaciones.
Además, el exgerente financiero había acusado a Iglesias de pedirle que cambiara su declaración. Había contado que se encontraron casualmente en un negocio y que el expresidente de la mutualista le dijo que «tenía que decir que esos US$ 250.000 eran un préstamo que él había hecho la institución».
Iglesias negó que haya sido así. En línea a lo que había adelantado a El País días atrás, relató que se cruzaron casualmente y que fue el exgerente quien le consultó si sabía porqué lo habían citado a Fiscalía previo al juicio. Él le contestó que seguramente fuera para refrescarle su declaración y, afirmó haberle dicho: «Yo leí lo que declaraste. Si declaras lo que declaraste no vas a tener problema porque con la verdad uno nunca tiene problemas». El testigo, en sede de Interpol, había dicho que retiró de lo de Iglesias «unos US$ 200 mil», aunque en juicio dio la cifra exacta de US$ 249.200.
«Por eso mi sorpresa fue enorme y además, fue una tontería, porque decir acá, que yo le dije que dijera que la plata es mía, pero ¡si es mía! ¡y él sabe que es mía! (…) No la hice documentar porque es mía. Un tercero nunca iba a dar US$ 200 mil sin documentar», destacó.
«Es como Pluna, se sigue pagando»
El exdirector del Banco República, Pablo Sitjar, declaró este jueves a pedido de la defensa. Dio detalles de qué conocimiento tuvo el directorio del BROU sobre la liquidación de la mutualista (por controlar las empresas de fideicomisos con las que Casa de Galicia trabajaba) y recordó que como gozaban de un fondo de garantía IAMC que tenían desde 2019, los acreedores están cobrando del Estado. “Es como Pluna, se sigue pagando”, ejemplificó. Otro de los directores que declaró estimó la pérdida para Rentas Generales en cerca de US$ 40 millones.
Sitjar criticó que a la hora de resolverse la liquidación no se haya cobrado las cápitas, que tienen un valor. Esto es, el dinero que brinda el Fonasa a las mutualistas por cada afiliado. En este caso, los socios se repartieron, sin tener en cuenta el dinero que generaban. Eso “no se vendió ni se subastó como ocurrió con el inmueble”.
En ese sentido, indicó que el Círculo Católico, un día después del remate, pidió un crédito al BROU por US$15 millones. “Era un súper crédito, si a esa mutualista le acababan de regalar 30 mil afiliados” y por ellos cobrarían cápitas. “Yo no necesitaba el balance para darme cuenta que era súper solvente”, indicó, aunque dio detalles sobre los argumentos legales por los que se abstuvo de votarlo.
