Durante una entrevista realizada en la Radio Municipal, el Secretario de Salud municipal, Dr. Jorge Villalba, y el abogado del municipio de Madariaga, Dr. Leandro Alonso, expresaron su preocupación ante lo que consideraron un recorte arbitrario e injustificado del sistema de cápitas que perjudica la atención médica de alrededor de 10.000 afiliados del PAMI en la zona.
“Estamos trabajando intensamente para revertir esta situación que representa un perjuicio económico para el hospital geselino de 12 millones de pesos mensuales debido al redireccionamiento de las prestaciones hacia clínicas privadas alejadas de la ciudad”, señaló el Dr. Villalba.
Por su parte, el Dr. Alonso subrayó el carácter sistemático y alarmante del “desvío de cápitas hacia prestadores ubicados a más de 100 kilómetros de distancia en algunos casos para el módulo de Guardia, lo cual claramente es un disparate”. Al respecto añadió: “No hablamos de un botón mal apretado, sino de una acción deliberada que podría implicar responsabilidades penales”.
Alonso informó que se solicitó una pericia sobre el sistema informático del organismo nacional y que desde la Unidad Fiscal de Investigaciones del PAMI van a presentar una denuncia en la justicia federal, acompañando la denuncia que presentó diez días atrás la Municipalidad de Madariaga.
“Hay claramente un mal desempeño de funcionario público, donde se están afectando las arcas municipales y donde incluso podría existir la posibilidad de una asociación ilícita entre los funcionarios de PAMI y prestadores de la clínica privada”, remarcó el abogado de Madariaga.
En este contexto, el Dr. Villalba anticipó que la Municipalidad de Villa Gesell también está trabajando activamente en la preparación de una denuncia formal que será elevada a la Justicia, en busca de esclarecer lo ocurrido, restituir los derechos vulnerados y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Ambos municipios exigen una urgente intervención de las autoridades nacionales para revertir esta situación y garantizar la continuidad de la atención médica de calidad en los hospitales públicos. “El Estado no puede ser insensible frente a este atropello. Esto no sólo afecta las arcas municipales, sino también la salud y la dignidad de miles de jubilados y jubiladas que han aportado toda su vida y hoy son víctimas del abandono”, concluyó Villalba.
