El Senado de la Provincia de Salta dio el primer paso hacia la creación de un marco regulatorio para el servicio de transporte de pasajeros prestado a través de plataformas digitales. Aunque en la ciudad de Salta las aplicaciones como Uber y DiDi ya cuentan con una ordenanza que las legaliza, a nivel provincial los viajes que cruzan jurisdicciones —como Salta-Cerrillos, Salta-San Lorenzo o Salta-Vaqueros— siguen operando en una zona legal ambigua.
El Senado de la Provincia de Salta dio el primer paso hacia la creación de un marco regulatorio para el servicio de transporte de pasajeros prestado a través de plataformas digitales. Aunque en la ciudad de Salta las aplicaciones como Uber y DiDi ya cuentan con una ordenanza que las legaliza, a nivel provincial los viajes que cruzan jurisdicciones —como Salta-Cerrillos, Salta-San Lorenzo o Salta-Vaqueros— siguen operando en una zona legal ambigua.
Para iniciar el análisis del proyecto, la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado recibió este miércoles a las autoridades de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), en un encuentro ampliado encabezado por el senador Javier Mónico, autor de la iniciativa.
“El proyecto es un disparador de la idea que tenemos nosotros, que es la de buscar respuestas al usuario, que merece un transporte digno y de calidad”, sostuvo Mónico durante la reunión, que contó con la presencia de más de una decena de senadores y de las autoridades de la AMT, entre ellos su presidente Marcelo Ferraris.
La iniciativa busca dar legalidad a los viajes por plataformas digitales en todo el territorio provincial, promoviendo una regulación que garantice seguridad, calidad, competencia leal e innovación tecnológica, en un escenario donde las aplicaciones han ganado terreno, especialmente en zonas con servicios de transporte público deficitarios.
Ferraris explicó que, actualmente, el control sobre taxis y remises interjurisdiccionales está a cargo de la AMT, mientras que en Capital, las apps funcionan bajo legislación municipal. Sin embargo, alertó que la competencia entre estas plataformas y los servicios interurbanos podría afectar gravemente al transporte masivo, que hoy atraviesa una situación crítica por la falta de subsidios nacionales.
“El sistema de transporte masivo tiene serios problemas de subsistencia”, remarcó Ferraris, y advirtió sobre los desafíos para fiscalizar a los vehículos de plataformas, muchos de los cuales no cuentan con identificación visible, operan con tarifas variables y escapan a la regulación judicial.
Los senadores también expresaron distintas realidades del interior provincial. Walter Wayar planteó la necesidad de habilitar el ingreso de plataformas en localidades como Cachi, donde el servicio de transporte es deficiente. Gustavo Carrizo, por su parte, puso como ejemplo la situación en Santa Victoria Este, donde miles de personas se trasladan en transportes informales y sin garantías de seguridad, pagando tarifas exorbitantes.
Otros legisladores, como Jorge Soto y Leopoldo Salva, pidieron que se evalúe la incorporación de combis al sistema de transporte alternativo, una posibilidad que Ferraris no descartó para zonas como Iruya, dadas sus características geográficas.
La discusión sobre este marco regulatorio se da en un contexto nacional de desregulación del transporte, con fuertes impactos sobre las realidades locales. Desde la AMT aseguraron que se avanzará en un análisis detallado del proyecto y que se trabaja por regiones para ordenar el sistema: primero en Güemes, actualmente en Orán y más adelante en los Valles Calchaquíes.
El debate recién comienza, pero marca un punto clave en la búsqueda de una legislación provincial que brinde previsibilidad a los usuarios, garantice condiciones para todos los actores del sistema y actualice la normativa ante los desafíos que imponen las nuevas tecnologías.
