El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha propuesto este martes que parte de los pisos turísticos que, en principio, dejaran de operar como tales en 2028 por la prohibición municipal se destinen a dar alojamiento temporal de urgencia a familias desahuciadas, entre otras situaciones de emergencia.
Así se recoge en el informe Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU): Mejoras inaplazables y retos transformadores”, en el que se pide que no sean operadores turísticos los que subcontraten las soluciones de urgencia y algunas familias pasen “meses y años” en una habitación de hostal.
“Pedimos al Ayuntamiento que esos pisos que dejarán de tener licencia turística se dediquen al uso residencial y a poder usarlos para alojamientos temporales de urgencia que sean más adecuados para una familia que una habitación de albergue”, ha dicho Bondia en la presentación del informe
La Sindicatura de Barcelona ha publicado el estudio en el que concluye que el modelo actual necesita una reforma estructural para adaptarse a las necesidades reales de la población vulnerable que hace uso de este recurso.
Falta coordinación
La Sindicatura señala que, a pesar de que estos servicios cubren necesidades inmediatas, a menudo se gestionan de manera fragmentada y sin una coordinación efectiva entre administraciones y entidades sociales, situación que mengua su eficacia. Por eso, propone un enfoque integral que incluya la participación activa de las personas afectadas, y la implementación de un modelo de coproducción de las políticas públicas de vivienda.
La Sindicatura considera que la combinación de prevención, la mejora de la gestión, la personalización de soluciones y la ampliación de recursos puede facilitar una transición a un modelo más eficiente y equitativo. En este sentido, reclama la adopción de una perspectiva integral que no se limite a los servicios sociales, sino que incorpore ámbitos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, el fomento de la ocupación y la promoción económica.
Qué son los alojamientos temporales de urgencia
Son espacios que ofrecen una solución provisional a personas o familias que se encuentran en situación de calle o han perdido su vivienda por motivos como desahucios, problemas económicos u otras situaciones graves. En Barcelona, este servicio lo gestiona el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), de forma externalizada a través de una empresa del sector turístico.
Lee también
Barcelona expedientó a 7 Alojamientos Temporales Urgentes en el último semestre de 2024
Europa Press
La Sindicatura, que ya creó un grupo de trabajo en julio de 2024 para abordar los alojamientos de urgencia, que cuenta con la participación de personas y entidades expertas provenientes del ámbito social, profesional y universitario. La revisión del modelo de alojamiento de urgencia es una de las diez recomendaciones prioritarias que la Sindicatura de Greuges de Barcelona traslada al Ayuntamiento desde el año 2023.
La situación actual
El problema de la exclusión residencial ha aumentado en los últimos años, con un incremento notable en el número de lanzamientos y órdenes de desahucio gestionadas. En los últimos años, la demanda de alojamientos temporales de urgencia ha aumentado considerablemente. Muchas familias pasan en estos alojamientos más de seis meses, el plazo máximo deseado que establece el Ayuntamiento de Barcelona.
Además, hay una falta de recursos para atender todas las solicitudes, y las condiciones de los alojamientos a menudo no son adecuadas, con espacios pequeños, baños compartidos y ubicaciones lejanas de los entornos habituales de las familias. Estos datos evidencian la necesidad de replantear la gestión del servicio y buscar soluciones estructurales que permitan atender adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad habitacional.
Exterior de los alojamientos temporales de urgencia junto al mercado de Santa Caterina, en Ciutat Vella
Mané Espinosa
Los 5 grandes retos
1. Sin soluciones habitacionales y de vivienda asequible para la población vulnerable. Se trata de exigir a los diferentes gobiernos que cumplan sus programas y propuestas en materia de vivienda.
2. Gestión deficiente. Alojamientos gestionados por operadores turísticos en pensiones y hostales, lo cual puede dar como resultado costes elevados y servicios de baja calidad.
3. Estancias prolongadas y vulnerabilidad persistente. Muchas personas permanecen durante largos periodos por falta de alternativas, a causa de la escasez crónica de vivienda asequible.
4.Presión del mercado inmobiliario. El turismo y el incremento de precios de alquiler han generado gentrificación y falta de disponibilidad de vivienda asequible.
5. Dificultades en la tramitación. A menudo, los profesionales no disponen de herramientas eficaces para gestionar los casos, y la falta de alternativas provoca que los recursos provisionales se alarguen de manera indefinida.
Las recomendaciones de la Sindicatura
· Mejorar la prevención: Maximizar los esfuerzos para prevenir la pérdida de la vivienda, potenciando la red de Oficinas de la Vivienda y aumentando la conciencia ciudadana sobre los servicios disponibles antes de que se produzca la exclusión residencial. A su vez habrá que garantizar una financiación estable, más allá de los presupuestos municipales anuales.
· Mejorar la calidad del servicio: Establecer estándares mínimos de calidad y supervisar regularmente las condiciones de los alojamientos. Hay que mejorar de forma inmediata los mecanismos de auditoría y supervisión de las proveedoras actuales.
· Promover la gobernanza participativa: Fomentar la participación activa de las personas usuarias y de las entidades sociales en la planificación y gestión de los alojamientos.
· Fortalecer la colaboración publicosocial: Crear mecanismos formales de colaboración entre las administraciones públicas (con una mirada amplia que no solo dependa de los servicios sociales, sino también de vivienda, promoción económica, etc.) y las entidades sociales para la adquisición y gestión de los alojamientos temporales. También hay que implicar a los sectores económicos que presionan sobre la disponibilidad de los recursos habitacionales y hacerlos partícipes de la solución y la gobernanza.
· Tener una perspectiva metropolitana: Abordar el problema de la vivienda desde una óptica metropolitana, incorporando otras administraciones locales y supramunicipales, promoviendo un fondo de alojamientos temporales de urgencia de ámbito social y de vivienda.
· Aumentar la dotación económica: Más recursos para los ATU, aprovechando las posibilidades que ofrece la contratación socialmente responsable.
· Atender las propuestas de los profesionales de los servicios sociales: Escuchar e incorporar las aportaciones de los trabajadores sociales que gestionan la emergencia diariamente.
