El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó el planteo de NRG y avaló la ordenanza de Cipolletti que prohíbe el tránsito de camiones pesados por seguridad vial e infraestructura.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) confirmó la validez de una ordenanza del municipio de Cipolletti que restringe la circulación de camiones de gran porte por zonas urbanas. Con este fallo, el tribunal rechazó un pedido de inconstitucionalidad presentado por la empresa NRG, que aseguraba que la norma perjudica su operatoria logística en la región.
NRG es una empresa proveedora de arena para el fracking, con sede en Allen, y utiliza rutas de tránsito clave en Cipolletti como parte de su red de transporte hacia Vaca Muerta.
Seguridad vial y cuidado de la infraestructura
El Municipio de Cipolletti, a través de sus abogados, argumentó que la ordenanza N° 490/23 busca garantizar la seguridad vial y preservar la infraestructura urbana, especialmente en sectores como Arturo Illia y Juan Domingo Perón, arterias esenciales en el esquema de tránsito local.
La normativa prohíbe la circulación de vehículos con tres o más ejes y/o de más de seis toneladas, salvo que el destino final de carga o descarga esté dentro del ejido de la ciudad. Se enmarca en la emergencia vial declarada mediante la Ordenanza de Fondo N° 512/24.
Desde el Ejecutivo local destacaron que el tránsito de camiones pesados aumenta el riesgo de accidentes y daña las calles, afectando la calidad de vida de los vecinos.
El planteo de NRG fue rechazado
La empresa, representada por la abogada Luciana Sacks, cuestionó la legalidad de la norma alegando que vulnera varios artículos de la Constitución Nacional y afecta el desarrollo económico de NRG al obstaculizar severamente su operación logística.
Sin embargo, el fallo del STJ consideró que la Municipalidad actuó dentro de sus competencias y que la ordenanza se justifica por razones de interés público, como la seguridad y el orden urbano. Con esta decisión, el máximo tribunal provincial le dio un revés judicial a la empresa y ratificó las facultades regulatorias del municipio.
