El posicionamiento del Tribunal Supremo ha sido contundente. Ha cerrado con un no las peticiones de ampliar la indemnización por despido improcedente a través de la vía judicial, y ello, a pesar de las dos resoluciones aprobadas recientemente por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa que reclamaban ir más allá de los límites que actualmente establece la legislación española en este sentido.
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