En medio del operativo de Semana Santa, vuelve a evidenciarse un problema de larga data: la antigüedad de los autobuses que circulan en las carreteras del país.
Según Edgar Guerra, el 45% de las unidades extraurbanas superará pronto los 25 años de servicio, límite establecido por la normativa actual para operar.
El Gobierno ha planteado flexibilizar esta disposición con el argumento de que no existen suficientes unidades nuevas para reemplazar las actuales.
Sin embargo, la propuesta enfrenta el rechazo del gremio de transportistas y ha generado rumores de posibles bloqueos o manifestaciones en las próximas semanas.
Mientras tanto, los usuarios deben subir a unidades envejecidas, sin garantías mecánicas ni seguridad adecuada. Este debate pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿debe priorizarse la continuidad del servicio o la seguridad de millones de pasajeros?
La falta de inversión, la ausencia de incentivos para modernizar el parque vehicular y la escasa voluntad política han hecho que este problema se arrastre durante años, con consecuencias visibles cada Semana Santa.
