Foto: Nicolás Pereyra/Archivo El País.
El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) resolvió el pasado jueves que se practique una auditoría a la Intendencia de Montevideo (IMM) enfocada en las horas extra que se autorizaron a sus funcionarios. El fin de la medida, dijeron a El País fuentes del TCR, es que se esclarezca “todo lo vinculado” a los pagos hechos por la comuna por este concepto en el último período, así como los fundamentos aplicados. Esto es en respuesta a una solicitud elevada por la Junta Departamental de Montevideo el pasado 31 de julio, para lo cual se necesitó el apoyo de un tercio de sus ediles, tal como exige la Constitución.
El tema de fondo no es nuevo. Las horas extra y las irregularidades en que, a criterio de la oposición montevideana, incurrió la administración de Carolina Cosse -y que tras su renuncia en julio de 2024 continuó Mauricio Zunino– ha sido tema de críticas y, sobre todo, de debate en la última campaña departamental.
Pero la polémica promete seguir instalada, porque tanto los ediles opositores como el equipo del excandidato a intendente Martín Lema han solicitado información sobre esto o a la IMM o al organismo de contralor. Y en base a la información aportada por la propia comuna en distintas instancias -que fue considerada insuficiente por la bancada opositora (ver recuadro)- el extitular del Mides llegó a calificar lo que mostraban los datos como una “vergüenza”.
De lo que ha informado la IMM hasta el momento, se sabe que entre enero de 2020 y diciembre de 2024, se realizaron un promedio de 719.000 horas extra por año -la cantidad fue escalando a partir de las 575.000 horas que se hicieron en 2020-, lo que implica que, en ese lapso, se llegaron a hacer un total de 3.595.727.
Si se observa solamente el 2023 -para poner un ejemplo del costo implicado en estas decisiones, en un año en que se hicieron 888.558 horas extra- el costo fue de unos US$ 9,7 millones, tomando como referencia el tipo de cambio promedio correspondiente a ese año -unos $ 380.233.723.
Sin “causales”
Como senador de la República, Lema solicitó por su parte el pasado 30 de julio al TCR todo tipo de información relativa a la cantidad de horas extra autorizadas por la IMM, horarios en que se realizaron, documentación que respalde que efectivamente se cumplieron y que en todos los casos se hayan hecho respetando la normativa departamental en la materia.
El País accedió a parte de la información con la que el TCR respondió a ese pedido, y allí se incluyó tanto información dura relativa a las horas extra como apreciaciones sobre la regularidad de las resoluciones adoptadas.
Refiriéndose al 2023, el organismo encontró que había casos en los que no se había fundamentado correctamente la necesidad de aprobar las horas otorgadas, tal como está establecido que debe hacerse en el Digesto Departamental. “Se constataron para el ejercicio 2023 -se sostiene en la respuesta del TCR- resoluciones por las cuales se autorizó a realizar horas extra superando el tope establecido”, y en ellas “no se establecen las causales por las que se dispuso el cumplimiento de los trabajos extraordinarios, incumpliendo la normativa”.
EL TCR también encontró, y así fue informado al equipo del senador Lema, que en 2023 hubo 1.435 funcionarios -que equivalen al 34% de quienes realizaron horas extra- que excedieron el tope de 40 horas mensuales que pueden autorizarse, y eso ocurrió en todos esos casos al menos en un mes de ese año. “Si tenemos en cuenta la cantidad de horas extra realizadas en el año y la cantidad de horas extra que se realizaron superando el tope de 40 horas mensuales (189.382) -dice concretamente el TCR-, el 21% de las horas extra se hicieron superando el tope establecido”.
También se constató casos de funcionarios que llegaron a acumular más de 1.700 horas de este tipo en el año, e incluso hay uno que llegó a realizar 2.033 en 12 meses, lo que significa que, en el mejor de los casos, hay trabajadores que llegaron a hacer más de seis horas diarias, además del horario regular de trabajo, y durante todos los días hábiles del año. “En otros términos, son funcionarios autorizados en regímenes de horas extra de carácter permanente (a los que) se les renuevan en la mayoría de los casos semestralmente las autorizaciones año a año”, sostiene el TCR.
Esto último, opinó el senador nacionalista consultado por El País, es “humanamente cuestionable y administrativamente inadmisible”, y pidió en este sentido al actual intendente frenteamplista, Mario Bergara, que “tome cartas en el asunto inmediatamente”.
Las irregularidades, agregó, abarcan también casos de funcionarios -como han señalado también los ediles de la Coalición Republicana– que se beneficiaron de estas horas cuando regía la emergencia sanitaria por la llegada del coronavirus. “Hay áreas que no prestaban servicios a la población durante la pandemia, pero que igualmente mantenían asignaciones y pagos regulares de horas extra, un hecho que no solo es alarmante sino ofensivo para los contribuyentes”, afirmó el senador nacionalista, que entiende que lo que se ha llevado adelante en este rubro es una “gestión ineficiente y permisiva”, lo que a su entender tiene como consecuencia una política general sin “prioridades claras” que a su vez “desatiende áreas críticas del departamento”.
En la Junta
Este tema, y lo que sea arrojado por la auditoría que ahora hará el TCR, será analizado por la bancada opositora de la Junta Departamental -que para este período cuenta con 14 ediles, uno más de los que tenía entre fines 2020 y 2025- y buscará un “seguimiento caso a caso de estas irregularidades”, dijeron a El País fuentes políticas
El tema es un asunto prioritario entre los ediles nacionalistas, que recurrieron al TCR mediante un mecanismo que habilita la Constitución en su artículo 273, luego de que fracasaron otros intentos para obtener en profundidad toda la información relativa a este tema, dijo por su parte el nacionalista Rafael Seijas.
“Como nos bloquearon la información, o no nos respondieron lo que pedíamos fue que recurrimos a esta vía”, dijo el edil de la Coalición Republicana.
Ediles denuncian que algunos hicieron hasta 180 en un mes
En la moción por la cual los ediles de la oposición solicitaron “la intervención” del Tribunal de Cuentas -y que promovió el edil nacionalista Rafael Seijas- aseguraron que las “respuestas” que han recibido de la IMM sobre la política de horas extra “confirmaron varias de las inquietudes planteadas” por la Coalición Republicana, ”entre ellas la existencia de funcionarios que registran hasta 180 horas extra en un mes” o “trabajadores que cumplen en una hornada más horas extra que ordinarias”.
La moción también indica que en la información proporcionada por la comuna se desprende asimismo que se han ejecutado este tipo de horas en el casino municipal, o sea, por fuera del horario normal, cuando regía la pandemia por el coronavirus y sin que se ofrezca “una justificación clara”.
En el mismo texto se indica que cuando el exintendente Mauricio Zunino fue convocado a la Junta para rendir cuentas sobre este tema “ocultó información, dejando sin responder preguntas relevantes”, como qué funcionarios “realizaron más de 90 horas extra mensuales” y detalles sobre esas autorizaciones.
