El gobierno de Jaume Collboni se ha llevado este jueves una alegría con el voto afirmativo de BComú a la aprobación inicial de los presupuestos del año que viene y de las ordenanzas fiscales, los impuestos municipales que pagan los ciudadanos y las empresas. Para un gabinete de solo 10 concejales –de un total de 41– y después de verse forzado a una cuestión de confianza para las cuentas del 2024 y a una prórroga para las del 2025, salvar este primer round en una comisión extraordinaria fue todo un respiro para el PSC. Pero aquí no hay nada vinculante; tan solo la predisposición a negociar el plácet definitivo, que de darse, suele llegar en el último mes del año. El pacto con ERC está más madurado, pero los comunes son un hueso mucho más duro de roer. “Vendremos con propuestas ambiciosas”, ha avanzado el concejal Marc Serra.
Presupuestos y ordenanzas fiscales inician ahora su proceso de exposición pública, de 15 y 30 días hábiles, respectivamente. Llegarán alegaciones por todos lados, pero solo saldrán adelante si en el pleno se alcanza la cifra mágica de 21 concejales, la mayoría que lo desencalla todo en el lado mar de Sant Jaume. Tras lo escuchado, eso solo es posible si Esquerra y BComú mantienen el sentido de su voto junto a los socialistas, un tripartito de 24 concejales.
Suave dardo
Estoy convencido de que la suya es una decisión estratégica y no táctica”, ha lanzado Valls a la bancada de los Comuns
Antes tendrán que pasar muchas cosas, porque el favor de este jueves ya venía con un coste. Por parte de ERC, con cinco ediles, dar cumplimiento a sus demandas para invertir más en construcción y rehabilitación de vivienda, en la defensa del catalán y en la contratación de 100 agentes más para la Urbana. Por parte de BComú, con nueve votos sobre la mesa, antes de empezar a dialogar los números tienen que pasar dos cosas. Primero, crear una mesa de mediación bajo el liderazgo del Síndic de Barcelona, David Bondia, con los vecinos de las fincas de Vallcarca afectados por un plan urbanístico y que han sido amenazados de desahucio.
Segundo, desperezar el plan para regular los alquileres de temporada que son, en palabras de Janet Sanz, líder de BComú, una “oferta fraudulenta que atenta contra los que quieren seguir viviendo en Barcelona”. Esos dos elementos, aceptados por el alcalde, ha aseverado la presidenta del grupo municipal, les han “devuelto la fe en el gobierno del PSC”. Y de ahí el sí de este jueves a la aprobación inicial de las cuentas y los impuestos. El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, encargado de desgranar los números, ha agradecido los votos favorables pero ha lanzado un fino dardo: “Estoy convencido de que esta es una decisión estratégica y no táctica”, sostuvo, mirando a los asientos ocupados por BComú. Es decir, no nos hagan perder el tiempo si luego va a ser que no.
Jaume Collboni, durante el pleno municipal de septiembre
Llibert Teixido
Serra ha plasmado algunas de las líneas maestras de sus demandas. No son nuevas: “Decrecimiento turístico, recuperar el esfuerzo inversor en vivienda de mandatos anteriores, bajar el IBI al 95% de la población para subirlo al 5% que es propietario del 30% de los pisos y apoyar al comercio de proximidad”. Curiosamente, y menudo descanso se llevaría Valls, ni una mención al plan de ejes verdes, orillado por el alcalde. “Negociaremos de verdad; no pactaremos una foto y escenificaremos un acuerdo de mínimos”, ha zanjado Serra.
El resto de la oposición ja dejado muy claro que no tiene ninguna intención de allanar el camino a Collboni. Arnau Vives (Junts) ha habalado de un “modelo agotado”, de un “proyecto sin ambición ni visión de futuro” y ha lamentado que los socialistas les hayan “excluido de cualquier diálogo real a pesar de ser la fuerza que ganó las elecciones” del 2023. Juan Milián (PP), que en esta comisión se ha despedido entre aplausos de la oposición para iniciar nueva andadura en el Senado, ha dicho que los presupuestos no responden a las necesidades de una ciudad “sucia, insegura y descuidada”. “Es un presupuesto ideológico, de más imposición y más abandono de la ciudad”, ha aseverado. Lo de Gonzalo de Oro-Pulido (Vox) ha sido un no a todo, aunque en materia fiscal se ha aventurado a reclamar zona azul más barata y tasa turística gratis para los españoles. Si nada lo evita, en 2026 pagarán un euro más que ahora.
La negociación
Matices que lo pueden romper todo
Al exponer sus demandas, Janet Sanz ha hablado de crear una mesa de mediación para que los vecinos de Vallcarca a los que el Ayuntamiento quería desahuciar puedan “quedarse” en sus hogares. Y sobre el devenir del alquiler de temporada ha sido también muy concreta: “Hay que prohibirlo”. Una hora más tarde ha comparecido la contraparte, representada por la teniente de alcalde Laia Bonet. Sobre Vallcarca, en todo momento ha habado de “alternativa habitacional”, dando a entender que los afectados se irán sí o sí. Y sobre los pisos por meses, ha dejado claro claro que el veto no es posible (así lo han dictaminado los servicios jurídicos municipales) y que lo que se busca, de la mano del Parlament, es poder regularlos. ¿Bastará?
