América Latina debe mirar el caso boliviano no solo como un cambio de gobierno, sino como una advertencia ante los riesgos de la concentración de poder, la debilidad institucional y el abandono de la política como herramienta de transformación.
Los resultados de las elecciones generales del domingo 17 de agosto en Bolivia son históricos, ya que ponen fin a la hegemonía política del Movimiento al Socialismo (MAS) y determinan el pase a segunda vuelta de dos candidaturas de derecha que definirán nuevo presidente el próximo 19 de octubre. Además, estas elecciones marcan el inicio de una abultada agenda de elecciones en América Latina que afectarán los equilibrios políticos en la región.
Crisis y cambio político
En Bolivia, por primera vez en dos décadas, el MAS no solo perdió la Presidencia, sino que quedó fuera de la segunda vuelta electoral, con un resultado inferior al 3% de los votos, y pasó de obtener 75 de las 130 curules para el Congreso bicameral en 2020, a solo dos en 2025. Este hecho representa el colapso de un proyecto político que había dominado el escenario nacional desde 2006, al ganar las últimas elecciones presidenciales con mayoría absoluta. La caída del MAS no fue producto de una derrota puntual, sino de un desgaste acumulado que combina una aguda crisis económica, un irreconciliable conflicto interno y una desconexión creciente con las demandas ciudadanas.
A pesar de los intentos de deslegitimar la labor del órgano plurinacional electoral, según el informe preliminar de la OEA y otros observadores nacionales e internacionales, los comicios transcurrieron con tranquilidad, con el 89% de participación electoral, y los resultados fueron aceptados por los competidores y el Gobierno.
La economía fue el principal tema de campaña. Producto de una deficiente gestión económica y caída de las reservas de gas, el déficit fiscal fue del 10% y el Banco Central ha sufrido una fuerte reducción de activos. Además, hay escasez de combustible y productos básicos, una elevada informalidad laboral e inflación superior al 25%. Una encuesta reveló que el 88% de las y los bolivianos consideró que “el país iba por mal camino”.
El MAS llegó a estas elecciones dividido en facciones irreconciliables y sin participación de sus principales líderes. El actual presidente, Luis Arce, que había sido ungido por Evo Morales como su sucesor, está desde hace años en una encarnizada disputa por el liderazgo del MAS. Arce desistió de presentarse a la reelección debido a su baja popularidad (menor al 10%), y la justicia impidió la candidatura de Evo Morales por haber cumplido ya el número de mandatos constitucionales permitidos. Esta conflictividad debilitó la capacidad organizativa del movimiento, dispersó su base electoral y generó confusión entre sus simpatizantes. Como consecuencia, el MAS fue dividido en dos jóvenes candidaturas: por un lado, el senador Andrónico Rodríguez (bajo otro partido), y por otro, Eduardo del Castillo, quienes solo acumularon el 8,5% y el 3,2%, respectivamente. Evo Morales encabezó un boicot y llamó al voto nulo, y esta opción obtuvo el 18% de los votos. Pero, como hemos experimentado, por ejemplo, con la oposición de Venezuela en el pasado, los boicots electorales no favorecen a quienes los impulsan y terminan siendo perjudiciales para los contrapesos democráticos.
El resultado electoral abre una nueva etapa en Bolivia de alternancia sin hegemonía. En una sorpresa mayúscula ya que, a una semana de las elecciones, las principales encuestas lo ubicaban en cuarto lugar con menos del 10% de intención de voto, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), hijo de un expresidente, se impuso con el 32%. En segundo lugar quedó el expresidente Jorge, Tuto, Quiroga (Alianza Libre), que cosechó el 27%. El empresario Samuel Doria Medina, quien terminó tercero con el 20%, ya oficializó su apoyo a Paz Pereira, pero quedan semanas de campaña por delante.
El próximo 19 de octubre Paz y Quiroga definirán en la segunda vuelta electoral. Ambos representan proyectos distintos, pero comparten un desafío común: gobernar un país en profunda crisis, con instituciones debilitadas, sin mayorías legislativas y con una ciudadanía insatisfecha. La transición no será sencilla y será muy corta —menos de un mes hasta la asunción, el 8 de noviembre—. El fin de ciclo del MAS no garantiza automáticamente una mejora en la calidad democrática, que, según el informe de IDEA Internacional sobre el estado global de la democracia, ha retrocedido en los últimos años en materia de estado de derecho y representación.
Un escenario de gobernabilidad novedoso y complejo
El próximo gobierno boliviano enfrentará un escenario de alta complejidad, y ante ello requerirá construir gobernabilidad en dos espacios clave: las instituciones y los territorios.
La profunda crisis económica limita el margen de maniobra de cualquier administración entrante, que deberá tomar decisiones rápidas para estabilizar las finanzas públicas. La ciudadanía, golpeada por el deterioro económico, espera soluciones urgentes, pero ha validado en las urnas por un cambio de modelo, ya que tanto Paz Pereira como Tuto Quiroga proponen dejar atrás el modelo estatista del MAS y virar hacia una economía centrada en el mercado.
A nivel institucional, Bolivia presenta signos claros de deterioro democrático. Según Latinobarómetro, los bolivianos poseen el nivel más bajo de confianza en la justicia, con solo el 13%, mientras el promedio regional es del 28%. En junio de 2024 hubo un intento de golpe de Estado perpetrado por un grupo de militares, y está por verse la estrategia que tomará la izquierda fragmentada, que quedó sin mayor representación política. Por primera vez en décadas, habrá que conformar un gobierno de coalición, ya que tendrá más de siete bloques con representación política y ninguno con mayoría absoluta. En este contexto, la gobernabilidad dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para construir consensos, fortalecer las instituciones y recuperar la legitimidad del sistema democrático.
A nivel territorial, hay una marcada división entre regiones, que tienen reclamos de mayor descentralización y recursos pendientes, y en varias regiones la agenda que representaba el MAS sigue teniendo arraigo social. Adicionalmente, el nuevo presidente gozará de una popularidad relativa, efecto artificial de las segundas vueltas, que estará condicionada inmediatamente al rumbo económico.
¿Qué nos dicen estos resultados de las elecciones que se vienen en América Latina?
En los próximos catorce meses, América Latina y el Caribe tendrán un ajetreado calendario electoral, con trece elecciones entre presidenciales y legislativas nacionales. Comenzando por Guyana (1/9/2025), Bolivia segunda vuelta (19/10/2025), Argentina legislativas (26/10/2025), Chile generales (16/11/2025), Honduras generales (30/11/2025), Chile segunda vuelta (14/12/2025), Costa Rica generales (1/2/2026), Colombia legislativas (8/3/2026), Costa Rica segunda vuelta (5/4/2026), Perú generales (12/4/2026), Colombia primera vuelta (31/5/2026), Perú segunda vuelta (7/6/2026), y cierra Colombia segunda vuelta (21/6/2026). De las elecciones de Bolivia podemos extrapolar ciertas tendencias que pueden afectar estas próximas votaciones regionales.
- Fragmentación y crisis de gobernabilidad. Cada vez hay más candidaturas, menos cohesión y debate programático, más partidos en los congresos. Esto demanda conciliar apertura y diálogo con construcción de coaliciones heterogéneas. El desafío de los nuevos liderazgos es aprender a gobernar con otros, a negociar y a construir legitimidad desde la pluralidad.
- Polarización y desinformación. Las nuevas tecnologías y redes sociales han cambiado la forma de hacer política, al hacerla más personalista, segmentada y radicalizada. La desinformación se viraliza con facilidad y la polarización se reproduce en cámaras de eco.
- Cambios generacionales. Luego de la pandemia hay un movimiento tectónico del comportamiento electoral, debido a la entrada masiva de nuevos votantes; en la mayoría de los países superan el 50% del registro quienes tienden a ser mucho más conservadores y radicales en sus visiones. Por ejemplo, casi el 50% de los jóvenes (18-25 años) considera justificable un golpe de Estado ante altos niveles de delincuencia (PNUD 2025).
- Violencia política. El crimen organizado está penetrando la política vía financiamiento ilícito o con ataques contra candidaturas y líderes sociales. Los magnicidios que ocurrieron con Miguel Uribe Turbay, y antes con Fernando Villavicencio en Ecuador, son incompatibles con la democracia y requieren acciones decididas.
- Violencia de género en la esfera digital. Las redes sociales y la inteligencia artificial han abierto nuevos mecanismos para la difusión de discursos de odio, discriminación y violencia de género. Las mujeres políticas, autoridades y periodistas son las principales víctimas de estas nuevas dinámicas. Un ejemplo de ello han sido los ataques que ha sufrido recientemente una de las candidatas chilenas a la Presidencia, Evelyn Mathei, por seguidores de socios de su propio sector político.
- Conflictividad electoral. En un estudio reciente en IDEA encontramos que la conflictividad de las elecciones ha ido en aumento en los últimos cinco años. El 20% de las elecciones han presentado boicots, irregularidades o judicialización. A ello se suma un nuevo elemento nocivo que socava la confianza: las denuncias sistemáticas, anticipadas e infundadas de fraude electoral.
Finalmente, la calidad democrática importa. Sin instituciones sólidas, sin justicia independiente y sin medios de comunicación libres, la alternancia puede derivar en regresión autoritaria o parálisis gubernamental. América Latina debe mirar el caso boliviano no solo como un cambio de gobierno, sino como una advertencia ante los riesgos de la concentración de poder, la debilidad institucional y el abandono de la política como herramienta de transformación.
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Marcela Rios Tobar
*Socióloga y politóloga. Directora Regional de América Latina y el Caribe IDEA Internacional.
Nicolás Liendo
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