Mediante la resolución 1938/2025, el Ministerio de Salud de la Nación estableció la gratuidad de la mayoría de los trámites vinculados a las habilitaciones generales, certificaciones, matriculaciones y autorizaciones de establecimientos y profesionales de la salud. El objetivo de esta medida es eliminar las barreras económicas que dificultan la instalación y el funcionamiento de establecimientos médicos y simplificar el acceso a los trámites administrativos esenciales, tanto para su funcionamiento como para el ejercicio profesional.
La aplicación de estos aranceles implicaba una barrera económica, especialmente para pequeños prestadores, organizaciones comunitarias y establecimientos de salud mental. “Su eliminación apunta entonces a incentivar una mayor oferta de establecimientos de salud, que fortalecerán el sistema de atención primaria de la salud y mejorarán la calidad de atención de los pacientes”, destacaron desde la cartera sanitaria a cargo de Mario Lugones.
“Fortalecer el acceso a la salud”, el objetivo principal de la medida
“Se espera, también, que los recursos que se destinaban al pago de estos aranceles se utilicen para mejorar las condiciones de los establecimientos sanitarios, que podrán contar además con una mayor cantidad de profesionales. Así, se pretende fortalecer el acceso a la salud, promover la descentralización y garantizar un enfoque equitativo y federal en la regulación de los servicios sanitarios”, agregaron.
La normativa, que deroga la Resolución 3314/2023, alcanza también a los establecimientos sanitarios públicos nacionales, de las fuerzas armadas y de seguridad y de las universidades nacionales que continúan siendo exceptuados del pago de estas tasas. Sin embargo, mantiene la vigencia y actualiza los montos de los aranceles que dicha resolución establecía para los trámites donde interviene la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de Transporte de la cartera sanitaria nacional, debido a su naturaleza particular ligada a fronteras y terminales.
La Resolución entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y alcanzará a todos los trámites que se inicien a partir de esta fecha. “Esta iniciativa representa un paso significativo para asegurar que las cuestiones económicas no impidan la habilitación de establecimientos y el ejercicio profesional en salud, fomentando así un sistema sanitario más accesible y robusto para todos los ciudadanos”, cerraron.
