Tras el dictamen favorable en Diputados al Proyecto de Ley que declara la situación de emergencia en materia de discapacidad hasta fines de 2027, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (COPRODIS) manifestó su “plena adhesión” a la iniciativa en todo el territorio nacional.
Asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que coordina dicho espacio multisectorial, ratificaron su compromiso y apoyaron la iniciativa impulsada desde la Cámara de Diputados de la Nación. En este marco, la Subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio, también reafirmó la promoción de acciones que contribuyan a una sociedad “más justa e inclusiva”.
“Consideramos fundamental acompañar esta iniciativa. Tiene como objetivo garantizar derechos esenciales de las personas con discapacidad en materia de salud, educación, trabajo, inclusión y protección social”, destacó el director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, Raúl Lucero.
Por otra parte, recordó que, ante la decisión del Gobierno nacional de auditar las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, se creó una Guía Orientativa. Además, aseguró que “ya se hizo hincapié especialmente en la propuesta de creación de una nueva PNC para protección social compatible con el empleo formal”. “Entendemos que constituye un avance significativo hacia una verdadera inclusión social y laboral, respetando la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad”, agregó.
El Proyecto de Ley, impulsado por el diputado de Unión por la Patria (UxP) Daniel Arroyo, incluye medidas de protección y promoción de derechos para personas con discapacidad, como el financiamiento de pensiones no contributivas; el fortalecimiento de prestadores básicos y el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Además, busca garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad, con incentivos como beneficios en aportes patronales para empresas que las contraten. El dictamen de mayoría, también, introduce modificaciones en la legislación vigente para alinearla con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Postura del oficialismo
En tanto, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) manifestaron su “enérgico rechazo” al proyecto de ley. “Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”, expresaron.
“Lejos de plantear soluciones sostenibles, esta propuesta multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían. Ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos, es irresponsable”, agregaron.
En este contexto, destacaron las auditorías a pensiones “mal otorgadas”. “Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan. Frenar esta tarea con un proyecto inconsistente no resolvería los problemas: los agravaría”, consideraron.
