Organizaciones sociales y comunidades de personas con discapacidad denuncian una “emergencia sistemática” impulsada por el Estado Nacional, que amenaza con extinguir derechos básicos de este colectivo. Según los informes, tres políticas públicas están generando obstáculos críticos para acceder a certificaciones, prestaciones de salud y recursos económicos, profundizando la exclusión.
1. Certificar la discapacidad: un trámite imposible
El Certificado Único de Discapacidad (CUD), requisito esencial para acceder a derechos, enfrenta barreras sin precedentes. La exigencia de profesionales especializados en el sector público —como neurólogos— ha paralizado trámites en provincias como Santa Fe, donde los solicitantes deben viajar a Córdoba para evaluaciones. Sin embargo, Córdoba rechaza emitir el CUD a quienes no residen allí, dejando a miles sin acceso a beneficios. “Es una cadena de exclusiones”, señala el documento.
2. Demoras y auditorías: la puerta giratoria de los derechos
Aun con el CUD, derechos como la obra social Incluir Salud y pensiones no contributivas enfrentan desfinanciamiento y dilaciones. Según el informe, hay más de 18 meses de retraso en el acceso a salud, mientras auditorías masivas —con citas simultáneas a cientos de personas— provocan la pérdida automática de beneficios por inasistencia. “No consideran la movilidad reducida o errores de notificación. Es una estrategia para excluir”, denuncia la gacetilla.
3. Prestaciones en crisis: migración de profesionales y colapso institucional
El tercer eje es el desfinanciamiento: los incrementos en aranceles para prestaciones básicas fueron del 1,2%, 0,8% y 0,5% en los últimos tres meses de 2024, muy por debajo de la inflación. Esto ha derivado en la fuga de profesionales al sector privado y en instituciones al borde del colapso. “Sin atención especializada, se viola el derecho a la salud”, advierte el texto.
