Río de Janeiro, Brasil. América Latina y el Caribe han enfrentado grandes desafíos en materia de ciberseguridad. Solo en los últimos dos años, la región registró un incremento del 600% en los ataques de ransomware, y el 91% de ellos comienzan con fraudes de phishing, afirmó Camilo Cetina, ejecutivo principal de la Dirección de Innovación del Estado del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), durante el Latam Ciso Summit 2025.
¿El impacto económico? 6,000 millones de dólares contabilizados desde 2021, pero hasta finales de 2025 podría llegar a 10,500 millones de dólares. La situación se ha agravado con ataques que utilizan tecnologías como la Inteligencia Artificial, popularizadas en esta década.
Según Cetina, los ciberdelincuentes se han organizado en un sistema informatizado con el objetivo de refinar y difundir el conocimiento sobre vulnerabilidades.
“La protección frente a estos delitos no alcanza el mismo nivel de coordinación y organización que tienen estos grupos. Los diferentes países no están, de manera preventiva, organizándose y coordinando políticas de ciberseguridad con la misma intensidad que los ciberdelincuentes”, destacó.
En una comparación regional, Chile y Brasil se destacan en políticas de protección, pero la norma general al final del día está muy por debajo de lo que invierten los países de la OCDE. Para agravar las asimetrías, los datos de capacitación provienen de países del primer mundo y no contemplan los desafíos específicos de América Latina.
Algunas de las propuestas del CAF son mejoras en la gobernanza pública para proteger las infraestructuras cívicas de la región, minimizar el riesgo de daño económico y garantizar la resiliencia en términos de ciberseguridad.
“Aquí no existen políticas de retención del talento, y gran parte de lo que se desarrolla en Estados Unidos termina siendo capturado por el sector privado porque paga mejores salarios o porque ofrece mejores condiciones de trabajo que el Estado no tiene capacidad de competir”, observó Cetina.
Hasta 2030, el CAF prevé el desarrollo de proyectos de prevención por un valor de 2,4 millones de dólares y 400 millones de dólares enfocados en una línea de crédito para ciberseguridad.
