Mantener el orden en el espacio público suele representar un gran desafío en las grandes capitales del mundo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viven más de 3 millones de personas, equivalente a 35 estadios de River llenos. Y a ese número hay que sumarle otros 3 millones de personas que entran y salen todos los días. Frente a esta realidad, el orden público es imprescindible y por ende, una prioridad de nuestra gestión de Gobierno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de orden público? Es mucho más que ubicar policías en sitios neurálgicos de la Ciudad. Ordenar es recuperar la calle, hacer que se cumpla la ley y sostenerlo en el tiempo. Sin una convicción profunda que guíe esas políticas, cualquier medida que se intente para recuperar el orden falla y se transforma en un parche temporal.
Desde que Jorge Macri asumió en la Ciudad de Buenos Aires nos ocupamos de fortalecer la presencia del Gobierno en la calle, procurando que el espacio público sea de los porteños y de aquellos que lo transitan a diario y lo disfrutan. Queremos una Ciudad ordenada y trabajamos todos los días para que eso suceda. Muchos planteaban que era imposible, otros tantos normalizaron el caos y se resignaron. Y sin embargo, logramos transformaciones que le devolvieron la libertad de circular a los porteños.
Terminamos con los piquetes, que eran un mal cotidiano que afectaba a todos los que querían transitar libremente, como si eso fuera un privilegio. Además, recuperamos 10 zonas de la Ciudad tomadas y 374 inmuebles fueron devueltos a sus dueños. En total, llevamos liberados más de 42 mil metros, lo que equivale a unas 500 cuadras. Cuando recuperamos un espacio tomado, nos quedamos para garantizar que no vuelvan, y ese trabajo es continuo. El año pasado desalojamos ranchadas, como la del Aeroparque, donde llegaron a dormir 160 personas. También la feria ilegal en la calle Perette, en Retiro, que estaba ocupada ilegalmente desde hacía cinco años; y realizamos 200 allanamientos en un operativo de madrugada para desalojar a los manteros de Once.
Este año realizamos un megaoperativo en Flores con más de 550 inspectores, operarios y policías de la Ciudad, en el que desalojamos a más de 5 mil manteros que ocupaban la avenida Avellaneda y sus inmediaciones. También desalojamos a una cantidad similar de manteros en Parque los Andes, en Chacarita. Semanas atrás sacamos a los manteros de Liniers, en un operativo con más de 200 efectivos de la Policía de la Ciudad. Y también desalojamos la Casa Blaquier, que estaba ocupada ilegalmente desde hacía más de 40 años.
Como ya hicimos en Once, Flores, Retiro, Constitución, en la calle Florida, en Chacarita, Parque Patricios y Parque Centenario, actuamos porque los vecinos y comerciantes de esos barrios se quejaban con razón de tener que convivir con el descontrol y la competencia desleal. Y nuestra prioridad siempre fue, y será, cuidar a la gente que está dentro de la ley. Si hay convicción es posible lograrlo y sostenerlo: mantener el orden nos demanda tener siempre la guardia en alto y avanzar con operativos que desmantelen cualquier tipo de ilegalidad que ocupe el espacio público y altere el día a día a las personas que necesitan llegar al trabajo, a la facultad, a un turno médico o a su casa.
Con decisión política no sólo hicimos lo que dijeron que no se podía: lo mantuvimos en el tiempo. Otros aspectos clave para mantener el orden público necesitan, además, de políticas públicas, modificaciones normativas. Desde el Ministerio de Justicia, que encabezo, impulsamos dos proyectos de ley para avanzar con penas más firmes contra los que cometen ilícitos en la Ciudad. Presentamos un proyecto para duplicar los días de arresto para los trapitos, porque tratar de usufructuar el espacio público NO es trabajo. Para las jornadas laborales de utilidad pública, queremos que el máximo pase a 45 días. Y, para las multas, queremos aumentar considerablemente los topes. Que a las mafias les quede claro: en la Ciudad no hay lugar para ustedes.
Otro proyecto en la misma línea es el “rompe – paga”, en el que se prevén sanciones más fuertes para las contravenciones locales, aumentando hasta 5 los días de arresto, hasta 15 los días de trabajos de utilidad pública o multas de hasta 2.500 unidades fijas. Además, la iniciativa propone aplicar sanciones de prohibición de concurrencia o de interdicción de cercanía al lugar donde se haya cometido la contravención. De la misma forma, empezamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad en eventos masivos: modificamos la ley N° 269 del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y nos convertimos en pioneros a nivel nacional al prohibir el ingreso de deudores a los estadios porteños y a eventos culturales masivos. Y a partir de convenios que rubricamos con otras 13 provincias, restringimos el acceso también a deudores de otros distritos del país.
Como hombre de la Justicia, no tengo dudas: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esa es la visión que compartimos todos los integrantes del Gobierno de la Ciudad que lidera Jorge Macri, y por la que seguiremos trabajando cada minuto de cada día de esta gestión. En la Ciudad, el orden no se negocia.
