Foto: Estefanía Leal/El País.
La decisión del gobierno de crear el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (Silcon) y de poner en marcha un grupo detrabajopara reformar el Código del Proceso Penal (CPP) y el rol en estos dos nuevos ámbitos del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, generaron en las últimas horas rechazo en filas blancas y coloradas.
Díaz fundamentó la creación del Silcon en función de haber sido uno de los compromisos de campaña del presidente Yamandú Orsi, para que «todas las instituciones que tienen entre sus competencias estas funciones estén debidamente articuladas y conectadas, de forma tal que no pasen cuestiones como han pasado en el pasado reciente, donde la mano derecha no sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda». El jerarca ejemplificó que estas descoordinaciones ocurrieron «en el gobierno anterior con la expedición del pasaporte a (Sebastián) Marset».
El diputado nacionalista Pablo Abdala cuestionó el «tono» y el «estilo» utilizado pro el jerarca este martes para anunciar la creación del nuevo orgnaismo, al finalizar la sesión del Consejo de Ministros.
«Se sigue insistiendo en construir el relato de la herencia maldita», cuestionó Abdala, al afirmar que Díaz falta a la verdad. Según expresó, durante el pasado gobierno se creó una fiscalía especializada en lavado de activos y se elaboró una estrategia y un plan de acción para cinco años lo que, entre otros aspectos, provocó un incremento en las denuncias sobre operaciones sospechosas.
Para Abdala, lo de Díaz puede responder a que en el gobierno «como no se avanza o como no hay la eficiencia que uno esperaría en cuanto a medidas concretas, se recurre al fácil expediente de hacer referencia la situación que se recibió». Según el diputado nacionalista, si desde Presidencia se hacen ese tipo de «provocaciones» , no se contribuye al «clima de unidad nacional que tenemos que generar».
La reforma del CPP
Con respecto a la reforma del CPP, una resolución del Poder Ejecutivo dispuso la formación de un grupo de trabajo, que estará integrado por los ministerios del Interior y Educación y Cultura, y por la Fiscalía General de la Nación. También se convocará a integrantes del Poder Judicial y al Colegio de Abogados del Uruguay.
En la resolución, a la que accedió El País, señala que han pasado “más de siete años” desde la entrada en vigencia del código, dado que se empezó a aplicar en 2017, generándose “en todo este tiempo nuevos aprendizajes fruto de la aplicación práctica”. También se indica que hubo diversas modificaciones parciales”, tendientes a “solucionar muchos problemas”, pero que también han planteado “algunos nuevos desafíos”.
La intención, se afirma, es “sistematizar” las “lecciones, dificultades y propuestas planteadas por los diferentes actores y organizaciones que buscan, en definitiva, mejorar a futuro el sistema de justicia en el ámbito procesal penal”.
A fines de marzo se acordó formar en el Senado una comisión bicameral especial para justamente, reformar el CPP. Lo mismo había propuesto hace un mes en la Cámara de Representantes el colorado Conrado Rodríguez, para quien «llama poderosamente la atención» que ahora el Poder Ejecutivo proponga lo mismo, cuando en su momento la bancada del Frente Amplio no respondió a su planteo.
«Es un grave error crear esto en la órbita de Presidencia», dijo Rodríguez a El País. También que el grupo sea dirigido por Díaz que, como fiscal general, fue el que «creó el propio CPP». En su visión, el «ámbito natural» para este tipo de discusión es el Parlamento. A su juicio, lo de Díaz constituye una «chicana».
