El ministro de Justicia dijo que el objetivo es “contar con un sistema autónomo, que por ahora estará enfocado en los delitos cuya competencia ya fue transferida a la justicia porteña”.
Las Comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron este martes para tratar los proyectos de ley que impulsan la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una nueva Ley de Ejecución Penal. Participaron del debate funcionarios del Poder Ejecutivo porteño, entre ellos el ministro de Justicia, Gabina Tapia, y el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín.
Tapia dijo que el objetivo es “contar con un sistema autónomo, que por ahora estará enfocado en los delitos cuya competencia ya fue transferida a la justicia porteña”. Además, anticipó que se trabaja en articulación con el Gobierno nacional para descomprimir la situación actual en las comisarías de la Ciudad.
Halperín sostuvo: “La Ciudad está en condiciones de afrontar este desafío, con un cuerpo legislativo comprometido. Todos los bloques han presentado iniciativas, lo que permite construir una legislación a partir del diálogo y el consenso”. “No podemos seguir limitándonos al castigo. El sistema debe ofrecer herramientas reales para que las personas condenadas puedan reinsertarse en la sociedad. El objetivo es que quienes cumplan una pena no regresen en peores condiciones de las que ingresaron”, agregó.
“Los especialistas destacaron que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como jurisdicción autónoma joven, tiene la posibilidad de diseñar desde cero un modelo propio de sistema penitenciario, sin estructuras heredadas y pusieron como ejempo que en 2016, con la sanción de la Ley 5688, se creó la Policía de la Ciudad y se estableció un sistema integral de seguridad pública con participación de los tres poderes del Estado. En esa misma lógica, hoy se busca avanzar con una legislación que complete el sistema de justicia penal local”, indica un resumen parlamentario.
“Según la información que compartieron los funcionarios, actualmente, más de 400 personas se encuentran privadas de libertad por decisiones de la justicia de la Ciudad, una nueva realidad, según sostuvieron, que exige decidir cómo intervenir frente a quienes han sido declarados culpables por delitos y deben cumplir una pena. Además, los representantes del poder Ejectuivo plantearon el desafío es transformar el tiempo de encierro en un tiempo con sentido, dotando al sistema de herramientas para la resocialización, facilitar el acceso a educación, trabajo, salud mental, vínculos sociales y familiares”, agregaron.
